Nota del autor: Este artículo no
pretende ser neutral, sino analizar la FEMP desde una perspectiva liberal,
separando descripción institucional y valoración normativa.
PARTE I: LA
FEMP - LA ORGANIZACIÓN, SU HISTORIA Y OBJETIVOS
¿Qué es la FEMP?
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) es la asociación
de entidades locales de mayor implantación territorial en España. Agrupa
actualmente 7.410 entidades locales —Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales,
Consejos Insulares y Cabildos— que representan más del 95% de todos los
gobiernos locales españoles. Su sede se encuentra en Madrid, en un edificio
histórico de finales del siglo XVII, ubicado en la calle del Nuncio.
En términos funcionales, la FEMP opera como la voz unitaria de los poderes
locales españoles ante el Estado central, las Comunidades Autónomas y las
instituciones europeas. Es simultáneamente un foro de cooperación
intermunicipal, un instrumento de presión política y un proveedor de servicios
técnicos a sus asociados.
Nacimiento:
Torremolinos, junio de 1981
La FEMP nace el 13 y 14 de junio de 1981, durante la celebración de su I
Asamblea en Torremolinos (entonces todavía un barrio de Málaga). Este momento
es de particular significación histórica: ocurre apenas seis meses después del
23 de febrero de 1981, el fracasado intento de golpe de estado encabezado por
el Teniente Coronel Tejero.
La Transición democrática española aún estaba en fase delicada. La
Constitución de 1978 era reciente. Los primeros gobiernos autonómicos
comenzaban a consolidarse. En ese contexto, la celebración de una asamblea
constituyente de alcaldes de toda España —de diferentes ideologías políticas,
negociando con libertad sus propias decisiones— representaba una demostración
visceral de que la democracia podía funcionar desde la base, desde los
municipios.
Los participantes la describían como "una eclosión del
municipalismo": alcaldes que descubrían que sus problemas eran comunes,
que necesitaban una plataforma común para reivindicar el poder local. Domingo
Ferreiro, primer Secretario General de la FEMP, recordaría que "fue todo
rodado porque éramos libres de tomar nuestras propias decisiones."
El Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, en aquel momento en el poder, apoyaba
explícitamente esta iniciativa. No era casual: el Estado vería en los
municipios un contrapeso institucional frente al poder emergente de las
Comunidades Autónomas, que se estaban consolidando con los primeros Estatutos
de Autonomía. En cierto sentido, era el Estado central intentando fortalecer un
"federalismo de municipios" para limitar el poder regional.
Reconocimiento
legal y expansión europea (1985)
La FEMP fue constituida formalmente al amparo de la Disposición Adicional
Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local. El 26 de junio de 1985, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, fue
declarada Asociación de Utilidad Pública, lo que le otorgaba estatus oficial.
Paralelamente, el 15 de octubre de 1985, se firma la Carta Europea de la
Autonomía Local en Estrasburgo. La FEMP se convierte en la sección española del
Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) y, posteriormente, en la sede
oficial de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal (OICI).
Este reconocimiento europeo fue crucial. La Carta Europea de la Autonomía
Local no solo declaraba derechos teóricos; establecía estándares de suficiencia
financiera y claridad competencial que vinculaban a los Estados firmantes.
España ratificaría esta Carta en 1988.
Objetivos
fundacionales y estatutarios
Según sus Estatutos aprobados en la XII Asamblea Plenaria, los fines de la
FEMP son:
El fomento y la defensa de la autonomía de las Entidades Locales —
tanto en la relación con otras administraciones públicas como en la
construcción de políticas públicas
La representación y defensa de los intereses generales de las
entidades locales españolas
El desarrollo y la consolidación del espíritu europeo en el ámbito
local, basado en los principios de autonomía y solidaridad entre entes locales
La promoción y el favorecimiento de relaciones de amistad y
cooperación con entidades locales y sus organizaciones, especialmente en
el ámbito europeo, iberoamericano y árabe
La prestación de toda clase de servicios directamente o a través de
sociedades dependientes (asesoría legal, formación, coordinación de proyectos,
etc.)
Cualquier otro fin que afecte directa o indirectamente a los asociados
En síntesis, la FEMP se posiciona a sí misma como defensora de la autonomía
municipal, como vocera unitaria ante otras administraciones y como facilitadora
de cooperación intermunicipal.
Estructura actual
(enero 2026)
Presidencia: María José García-Pelayo Jurado (PP), alcaldesa de Jerez
de la Frontera desde 2015, reelecta en septiembre de 2023.
Junta de Gobierno: 25 miembros entre alcaldes/alcaldesas y
presidentes/presidentas de diputaciones, representando diferentes territorios y
fuerzas políticas (aunque con mayoría relativa del PP).
Secretario General: Luis Antonio Martínez-Sicluna Sepúlveda (PP).
Consejo Territorial: Más de 80 vocales que representan territorios y
gobiernos locales de todas las comunidades autónomas.
La estructura de gobierno refleja esfuerzos por mantener equilibrio
territorial y político-partidista, aunque es notable que la presidencia haya
recaído mayoritariamente en alcaldes de gobiernos con implantación nacional
significativa.
Financiación
Presupuesto 2026: 33,9 millones de euros.
Composición:
72% del Ministerio de Hacienda (transferencias estatales)
28% de cuotas de los miembros asociados, calculadas según el tamaño de
población de cada entidad local
Este modelo de financiación es relevante para cualquier análisis crítico de
la FEMP: la organización que reclama mayor autonomía local respecto del Estado
central recibe el 72% de su propio presupuesto del Ministerio de Hacienda, lo
que plantea preguntas sobre su grado de independencia institucional.
Demandas recurrentes
(2024-2026)
En su comunicado de cierre de 2025, la FEMP reitera sus demandas
estructurales:
1. Financiación local justa
El modelo de financiación local vigente no ha tenido cambios
sustanciales desde 2002 (según reclama la FEMP)
Crítica: Los municipios asumen cada vez más competencias (servicios
sociales, educación complementaria, etc.) sin correspondiente aumento de
recursos
Demanda: Un nuevo modelo basado en "suficiencia financiera" que
garantice que ciudadanos reciban servicios equivalentes en todo el territorio
2. Segunda descentralización
Reforma que transfiera competencias desde las Comunidades Autónomas
hacia los municipios
Fundamento: "La democracia se construye desde los municipios" —
argumento de proximidad al ciudadano
Objetivo: Clarificación de responsabilidades entre niveles administrativos
3. Reforma del régimen legal local
Crítica explícita a la Ley Reguladora de la Administración Local (LRSAL) de
2013, que centralizó competencias locales
Demanda: Mayor capacidad de decisión autónoma de municipios sobre gestión
de servicios públicos
4. Convocatoria de la Comisión Nacional de
Administración Local
Instancia de diálogo formal entre administraciones sobre gobierno local
Último avance significativo: 2002
Reclamo urgente: que se convoque para abordar reforma competencial y
financiera
Contexto Político: ¿Asociación Independiente o Instrumento de Presión?
La FEMP se presenta como "independiente" de partidos políticos
específicos. Técnicamente, es cierto: agrupa gobiernos locales de todos los
signos políticos.
Sin embargo, operativamente funciona como un instrumento de presión
política corporativa. Es decir:
La presidencia tiende a recaer en alcaldes de gobiernos con gran
implantación electoral (tradicionalmente PP o PSOE)
Su posición respecto al Gobierno central es de negociación-presión: no es
crítica de la existencia del Estado central, sino demandante de mayores
recursos y autonomía dentro del sistema estatal
Sus propuestas se enmarcan siempre dentro de la lógica de "más
administración pública" — nunca cuestiona si determinados servicios
municipales deberían ser privatizados o gestionados por mercados
En términos
políticos, la FEMP es un lobby del sector público municipal.
PARTE II: LA
CRÍTICA LIBERAL A LA FEMP
Un liberal —dependiendo de si es clásico, ordoliberal o neoliberal— tendría
una posición compleja respecto a la FEMP. No sería de aprobación total ni
rechazo total, sino de crítica selectiva y matizada.
Los aspectos
que un liberal podría apreciar
1. La reivindicación de subsidiariedad y descentralización
La FEMP defiende el principio de que las decisiones deben tomarse lo más
cerca posible de los ciudadanos. Esto es genuinamente liberal. La Carta Europea
de la Autonomía Local, de la que la FEMP es defensora, está profundamente
enraizada en la tradición liberal de limitar el poder central y confiar en
comunidades locales para la autogobernanza.
Un liberal clásico podría reconocer valor en esto: los municipios, siendo
más pequeños y cercanos a los ciudadanos, tienen mayor capacidad de
accountability democrático que burocracias centralizadas. Si un alcalde abusa
del poder municipal, los vecinos pueden desalojarlo más fácilmente que si un
ministro abusa en Madrid.
2. La crítica a la recentralización estatal
La FEMP ha denunciado explícitamente cómo legislaciones sectoriales del
Estado central (especialmente desde la LRSAL 2013) han centralizado
competencias que antes eran locales. Esto coincide con la preocupación liberal
sobre la concentración de poder. Un liberal puede estar de acuerdo: más poder
central = menos libertad local.
3. La defensa de la autofinanciación relativa
La FEMP reclama que las competencias que asume tengan acompañamiento
financiero correspondiente. Este es un principio de eficiencia que los
liberales pueden compartir: si alguien debe hacer un trabajo, debe tener los
recursos para hacerlo. De lo contrario, la responsabilidad se diluye.
Las críticas
liberales fundamentales
Sin embargo, cuando se profundiza en el análisis, aparecen problemas
sustanciales desde cualquier perspectiva liberal coherente.
1. Corporativismo de facto
La FEMP funciona como un instrumento de presión de las administraciones
públicas locales. Las entidades que representa (Ayuntamientos, Diputaciones,
Cabildos) son monopolios territoriales. No pueden ser reemplazadas por competencia.
No operan bajo incentivos de mercado. No pueden quebrar.
Un liberal preguntaría: ¿cómo es que una organización que representa
instituciones sin incentivos competitivos pueda reivindicar legitimidad para
hablar en nombre de los "gobiernos locales"?
La respuesta honesta es: la FEMP representa los intereses corporativos del
sector público municipal, no los intereses de los ciudadanos. Un ciudadano que
quiere mudarse a una ciudad con mejor gestión local no puede "votar con
los pies" porque los servicios municipales (recogida de basura, agua,
alumbrado) están monopolizados por el Ayuntamiento de su territorio.
2. Dependencia financiera del Estado
El 72% del presupuesto de la FEMP proviene del Ministerio de Hacienda. Esto
significa que la "independencia" que reclama respecto al poder
central está fundada sobre financiación estatal.
Un liberal ordoliberal cuestionaría esta incoherencia: ¿cómo puede una
organización mayoritariamente financiada por el Estado central ser un auténtico
defensor de la autonomía local frente a ese mismo Estado?
Paralelamente, esto significa que los gobiernos locales agrupados en la
FEMP tienen un incentivo perverso: demandan más autonomía para sí, pero
necesitan que el Estado central tenga suficiente poder fiscal para
financiarlos. Si el Estado central fuera verdaderamente debilitado (como
desearía un liberal), ¿de dónde sacarían fondos?
3. La Trampa de la "Financiación Justa"
Las demandas recurrentes de la FEMP por una "financiación local
justa" se traducen invariablemente en: "más gasto público, más
transferencias estatales, más impuestos."
Pero aquí aparece una paradoja liberal: La FEMP reclama descentralización
fiscal-competencial, pero dentro de un modelo donde el Estado central sigue
siendo el principal recaudador de impuestos. Esto no es verdadera
descentralización; es federalismo fiscal redistributivo: el Estado central
extrae recursos mediante impuestos nacionales (IVA, impuesto sobre sociedades,
etc.) y luego los redistribuye a municipios según fórmulas complejas.
El problema liberal es evidente: Los ciudadanos siguen contribuyendo al
mismo monto fiscal total; simplemente, la decisión sobre cómo gastar ese dinero
se toma a nivel municipal en lugar de nacional. Pero la extorsión fiscal
inicial sigue siendo centralizada.
Una verdadera descentralización liberal significaría que los municipios
tuvieran capacidad de recaudar sus propios impuestos (sobre propiedad
inmobiliaria, negocios locales, etc.) y ser responsables directamente ante sus
ciudadanos. La FEMP nunca reclama esto; siempre reclama más transferencias.
4. La defensa implícita de ineficiencia municipal
España tiene 8.131 municipios. Más de la mitad tiene menos de 1.000
habitantes. Un municipio de 200 habitantes no puede mantener un Ayuntamiento,
un Director de Recursos Humanos, una asesoría jurídica y todo el aparato
burocrático que implica gobernanza municipal moderna.
Sin embargo, la FEMP, bajo la bandera de "autonomía local," se
opone sistemáticamente a fusiones municipales voluntarias. El argumento es que
cada municipio tiene "derecho" a su identidad local y a
autogobernarse.
Desde una perspectiva liberal de eficiencia, esto es insostenible. Si la
subsidiariedad liberal significa que los poderes se ejercen al nivel más
efectivo y eficiente, entonces un municipio de 200 habitantes que necesita
transferencias estatales para financiar servicios que podrían prestarse más
eficientemente a nivel provincial o regional viola ese principio.
Pero la FEMP nunca plantea esto: la solución siempre es pedir más dinero,
no reorganizarse.
5. La ausencia de soluciones de mercado
La crítica más profunda es que la FEMP opera completamente dentro de la
lógica del sector público.
Cuando habla de servicios municipales —agua, residuos, transporte,
vivienda, servicios sociales—, asume implícitamente que estos deben ser
proporcionados por administraciones públicas. No hay debate sobre
privatización. No hay mención a cooperativas de usuarios. No hay propuesta de
contratos con empresas privadas o asociaciones cívicas.
Cuando la FEMP menciona "eficiencia," se refiere siempre a cómo
gestionar mejor estos servicios desde lo público. Nunca cuestiona si deberían
serlo.
Un liberal preguntaría: ¿Por qué la recogida de basura debe ser un servicio
municipal? ¿Por qué no puede ser un mercado donde los ciudadanos contratan
empresas de basura? ¿Por qué el agua debe ser público? ¿Por qué no cooperativas
de usuarios que gestionen y paguen el agua?
La verdadera subsidiariedad liberal significaría que muchos servicios
actualmente municipales podrían desaparecer como "servicios públicos"
y convertirse en servicios privados, cooperativos o comunitarios. Esto
reduciría drásticamente la necesidad de financiación municipal y, por tanto, de
presión fiscal.
Pero la FEMP nunca lo propone. Porque la FEMP defiende el modelo de administración
pública, no la verdadera libertad local.
6. La recentralización silenciosa mediante regulación
Aunque la FEMP reclama autonomía local, la realidad es que el Estado
central ha ido colonizando cada vez más la capacidad de decisión municipal mediante
leyes sectoriales.
Las escuelas locales deben cumplir con currícula nacionales. Los servicios
de agua local están regulados por estándares europeos y nacionales complejos.
Los servicios sociales municipales deben cumplir con mínimos estatales. Los
procedimientos de contratación pública están estandarizados nacionalmente.
La FEMP reclama autonomía, pero dentro de este marco regulatorio
asfixiante. Un liberal cuestionaría: ¿de qué sirve que el Ayuntamiento tenga
"autonomía" en cómo organizar la recogida de basura si el Estado
central dicta mediante regulación qué debe recoger, cómo debe reciclarse, qué
estándares ambientales debe cumplir?
La solución liberal no sería simplemente "transferir
competencias" (lo que la FEMP pide), sino "desregular y permitir que
los municipios y mercados locales decidan libremente."
7. El conflicto entre autonomía local e igualdad redistributiva
Aquí aparece una tensión profunda en la posición de la FEMP.
Por un lado, reclama "autonomía local" — que cada municipio pueda
decidir libremente sobre sus servicios. Pero por otro lado, reclama un
"nuevo modelo de financiación" que garantice que "todos los
ciudadanos reciban servicios equivalentes en todo el territorio nacional."
Esto no es autonomía; es federalismo redistributivo. Si los ciudadanos de
un municipio rico quieren gastar menos en servicios y tener impuestos menores,
¿pueden hacerlo? La FEMP diría que no — porque entonces los ciudadanos de
municipios pobres recibirían servicios inferiores.
Un liberal cuestionaría: ¿cuál es el verdadero objetivo? ¿Autonomía local
(permitir que cada comunidad se autogobierne) o igualdad territorial (asegurar
estándares nacionales)? La FEMP quiere ambas, pero son parcialmente
incompatibles.
Conclusión:
Las tensiones irreconciliables
Un liberal se enfrenta a una contradicción incómoda respecto a la FEMP.
Por un lado, la organización defiende valores genuinamente liberales:
autonomía, subsidiariedad, resistencia a la centralización. Estos son
principios correctos.
Pero por otro lado, los defiende dentro de un marco que un liberal
rechazaría: un Estado de bienestar municipal permanentemente expansionista,
financiado mediante impuestos coercitivos centrales y administrado por
monopolios públicos sin incentivos de mercado.
Un liberal clásico podría encontrar cierto valor en la FEMP como contrapeso
institucional frente a la centralización estatal. Pero con reservas profundas
sobre sus objetivos redistributivos.
Un liberal ordoliberal vería en la FEMP un instrumento de orden competitivo
defectuoso: defiende reglas del juego, pero para un juego (administración
pública) que cree debería reemplazarse por mercados.
Un liberal neoliberal rechazaría la FEMP casi por completo: la vería como
un lobby que obstaculiza la privatización, la desregulación y la reducción
genuina del Estado.
En conclusión, la opinión liberal sobre la FEMP no sería de aprobación o
rechazo total, sino de crítica amistosa, pero profunda:
"Defendéis
los lugares correctos (autonomía, subsidiariedad, resistencia a la
centralización). Pero dentro del marco equivocado (más sector público, más
impuestos, más burocracia). Una verdadera subsidiariedad liberal significaría
municipios más pequeños, más privados, menos regulados y menos dependientes de
transferencias estatales. No municipios más ricos y autónomos dentro del Estado
de bienestar."
Bibliografía:
Federación
Española de Municipios y Provincias, Estatutos
FEMP,
"40 años: 1981-2021" (documentos históricos)
FEMP,
"45 años: Poder local, autonomía y descentralización" (2026)
Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
Carta Europea
de la Autonomía Local (1985)
- Ordoliberal (Alemania): El Estado es un árbitro que pone reglas estrictas para que el mercado sea justo.
- Neoliberal (Argentina 2026): El Estado es un obstáculo que debe ser reducido drásticamente y de forma rápida.
- Liberal Clásico (Suiza/Estonia): El Estado es un servidor limitado; su función es proteger la libertad y la propiedad, interviniendo lo mínimo posible pero de forma muy estable.
