Quien pasea hoy por los parques, plazas y equipamientos de Sant Feliu de Llobregat podría pensar que estos espacios públicos siempre han estado ahí. Pero lo cierto es que la configuración actual del suelo municipal es el resultado de dos siglos de transformaciones legales, sociales y políticas. Una historia que, curiosamente, también nos ayuda a entender por qué, a día de hoy, acceder a una vivienda es tan difícil, especialmente para los jóvenes.
Del campo
a la ciudad: la larga historia del suelo público
Todo
comenzó en el siglo XIX, cuando las leyes de desamortización de Mendizábal y
Madoz obligaron a la Iglesia y otras entidades a vender o ceder sus
propiedades. Sant Feliu era entonces una zona agrícola, donde muchas tierras
estaban en manos de órdenes religiosas o de la parroquia. Con la
desamortización, parte de ese suelo fue adquirido por comerciantes y burgueses,
pero otra parte acabó, directa o indirectamente, en manos públicas. Así arrancó
la historia del suelo público en el municipio.
En
el siglo XX, la industrialización y la llegada masiva de población trabajadora
provocaron una expansión urbana desordenada. Barrios enteros crecieron sin
planificación ni servicios adecuados, y los ayuntamientos, con herramientas
legales muy limitadas, apenas pudieron intervenir.
Fue
tras la llegada de la democracia cuando se produjo un cambio decisivo. A partir
de los años 80, las leyes urbanísticas permitieron a los consistorios exigir la
cesión de suelo cada vez que se urbanizaba una nueva zona. Así, con cada nuevo
desarrollo, el Ayuntamiento fue acumulando suelo para escuelas, parques,
centros cívicos y, en menor medida, vivienda pública.
Además,
con el tiempo se han ido recuperando terrenos antes industriales o
ferroviarios, reconvertidos en espacios colectivos gracias a la colaboración
con administraciones como la Generalitat o el Área Metropolitana de Barcelona.
Una
paradoja moderna: mucho suelo público, pero poca vivienda accesible
Hoy,
Sant Feliu y muchos otros municipios del entorno metropolitano poseen grandes
cantidades de suelo público. Sin embargo, el acceso a la vivienda sigue siendo
uno de los principales retos sociales. ¿Cómo es posible?
Aquí
aparece una de las grandes paradojas del urbanismo contemporáneo: la retención
de suelo público con buenas intenciones está contribuyendo, en la práctica, a
encarecer la vivienda.
¿Y si el
problema no fuera la especulación, sino la escasez artificial?
Durante
años se ha culpado al sector privado de la especulación inmobiliaria. Y si bien
algunos abusos han existido, conviene no pasar por alto el papel de los propios
ayuntamientos. Muchos de ellos, inspirados por una visión colectivista del
territorio, se han negado a vender suelo público. Prefieren mantenerlo en
propiedad municipal o conceder su uso durante décadas (por ejemplo, a través de
contratos de 50 años).
Aunque
esta postura busca evitar la especulación, lo que acaba provocando es una
escasez artificial de suelo disponible para construir. Y cuando un recurso es
escaso —más aún en un mercado con demanda creciente— su precio sube
inevitablemente. El resultado: terrenos caros, viviendas aún más caras y
promotores sin margen real para ofrecer precios asequibles.
¿Privatizar
el suelo público? Liberalizarlo con reglas claras
La
solución no pasa por una privatización sin control. Pero sí por una liberalización inteligente del suelo,
donde el sector privado pueda acceder a terrenos para construir viviendas de
forma más ágil, bajo condiciones transparentes y reguladas.
El
mercado inmobiliario necesita competencia. Y eso solo es posible si hay
suficiente oferta de suelo. Si los ayuntamientos liberaran parte de ese
patrimonio, podrían incentivar la creación de vivienda a precios competitivos,
favorecer la inversión privada responsable y, además, obtener ingresos para
reinvertir en servicios públicos o vivienda social.
Un cambio
de enfoque: del control absoluto al dinamismo regulado
Detrás
del control del suelo público suele haber una lógica bienintencionada: proteger
a los más vulnerables y garantizar que la tierra sirva al bien común. Pero cuando
esa protección se convierte en rigidez, se acaban bloqueando soluciones reales.
En lugar de facilitar que más personas accedan a una vivienda, se termina
restringiendo la oferta y dejando el mercado en manos de unos pocos que sí
pueden pagar precios cada vez más altos.
Es
necesario replantear esta estrategia. No se trata de ceder al capital, sino de
entender que un mercado dinámico y bien regulado puede ser más eficaz para
resolver la crisis de vivienda que un modelo inmóvil y centralizado.
Conclusión:
decidir el territorio también es decidir su uso
La
historia del suelo en Sant Feliu demuestra que el territorio no solo se ocupa:
se legisla, se transforma y se decide. Pero las decisiones que se toman sobre
el suelo público tienen consecuencias directas sobre nuestras vidas. Hoy, ese
patrimonio acumulado durante décadas debe ser usado de forma estratégica. No
como un bien que se guarda, sino como un recurso que se activa en beneficio de
todos.
Para
ello, necesitamos políticas urbanísticas menos ideológicas y más eficaces.
Políticas que no teman a la iniciativa privada, siempre que esta opere bajo
reglas claras y al servicio del interés general. Solo así podremos resolver la
paradoja actual: tener mucho suelo público, pero muy poca vivienda asequible.
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