Durante las décadas de los años 60 y 70, bajo el régimen franquista, el
urbanismo en Sant Feliu de Llobregat estuvo fuertemente condicionado por la
estructura política del régimen franquista, bajo la cual los alcaldes eran
designados y no elegidos democráticamente. Durante este periodo, dirigentes
como Josep Anton Oliveras gobernaron con amplias facultades, aunque bajo un
marco de escasa transparencia y control ciudadano.
Es importante precisar que, aunque con frecuencia se ha etiquetado aquella
etapa del franquismo como un periodo de “liberalismo urbanístico”, esta
caracterización es errónea y reduccionista. En realidad, el urbanismo de esa
época estuvo lejos de ser un ejercicio genuino de liberalismo económico o de
respeto a la libertad y al mercado. Más bien, fue un escenario dominado por la
corrupción estructural, donde las decisiones urbanísticas se tomaban con
criterios políticos y económicos opacos, frecuentemente al servicio de
intereses particulares y sin un verdadero respeto por el interés general ni por
la planificación sostenible. Este modelo distorsionó profundamente la función
del urbanismo, generando desigualdades y déficits que hoy aún arrastramos. Por
tanto, hablar de liberalismo en ese contexto es, cuando menos, confundir
términos y desvirtuar una realidad que fue más bien de clientelismo y falta de
transparencia.
Este contexto propició prácticas donde la corrupción local estuvo presente,
con acuerdos entre autoridades municipales y promotores privados que buscaban
beneficios económicos rápidos a costa de un desarrollo urbano deficiente. La
aprobación de urbanizaciones sin los servicios mínimos, sin dotación adecuada
de infraestructuras ni planificación social, fue una consecuencia directa. Esta
falta de visión y control llevó a la proliferación de barrios como Can Calders
y La Salut, con déficits urbanísticos y sociales que perduran hasta hoy.
Aunque con la transición democrática y la llegada de alcaldes como Francesc
Baltasar Albesa se iniciaron procesos para corregir estos déficits, la herencia
de corrupción y falta de orden quedó marcada en el desarrollo urbano. Incluso
en los primeros años democráticos, parte del entramado político local mantuvo
prácticas que dificultaron la efectiva reforma del urbanismo.
En cuanto al modelo urbanístico, la experiencia histórica demuestra que una
elevada intervención y regulación estatal, especialmente cuando está afectada
por clientelismo o corrupción, dificulta el funcionamiento eficiente del
mercado del suelo y de la vivienda. A mayor grado de regulaciones y controles
arbitrarios, más se ralentiza la oferta de suelo urbanizable, se encarecen los
costes y se limita el acceso a la vivienda para la mayoría.
Por ello, la solución reside en avanzar hacia una liberalización del suelo,
donde la iniciativa privada pueda desarrollar proyectos con mayor libertad y
agilidad, pero siempre bajo una supervisión administrativa clara y limitada a
garantizar la protección ambiental, la seguridad jurídica y la provisión de
infraestructuras básicas. Este equilibrio permitiría superar las ineficiencias
y desigualdades resultantes de un modelo excesivamente regulado y controlado
por intereses particulares, favoreciendo un mercado más dinámico y justo.
En conclusión, el urbanismo en Sant Feliu de Llobregat refleja cómo la
corrupción franquista y la excesiva regulación han lastrado su desarrollo
urbano durante décadas, y cómo la liberalización supervisada del suelo se
muestra como la vía más eficaz para corregir esa herencia y promover un modelo
de ciudad más equitativo y sostenible.
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