El Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (ILECE) 2025, elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad, constituye una herramienta esencial para entender el estado de la libertad económica a nivel municipal en España. Este índice evalúa a las 50 ciudades más pobladas del país, analizando cuatro dimensiones fundamentales: el desempeño económico municipal, la magnitud de la plantilla municipal, el grado de intervencionismo económico y la presión fiscal ejercida por los ayuntamientos
En su octava edición, el ILECE revela tendencias claras y desafiantes. Badajoz lidera el ranking con una puntuación de 68,95 puntos, destacándose como la ciudad con mayor libertad económica, seguida de cerca por Alicante y Castellón. Estas ciudades comparten características clave que explican su éxito: administraciones locales austeras, bajos niveles de deuda pública, plantillas municipales reducidas y una gestión fiscal que no ahoga la iniciativa privada. Además, han avanzado en la externalización de servicios no esenciales, lo que mejora la eficiencia y dinamiza el entorno empresarial.
Sin embargo, el informe pone de manifiesto una marcada
polarización territorial. La brecha récord de más de 34 puntos entre Badajoz y
Marbella, que ocupa el último lugar con apenas 34,78 puntos, muestra que
existen modelos muy distintos de gestión económica local en España. Las grandes
urbes como Madrid, Barcelona y Valencia, con puntuaciones significativamente
más bajas, enfrentan problemas estructurales derivados de altos gastos
municipales, plantillas sobredimensionadas y una presión fiscal elevada que
frena la competitividad y la capacidad de atraer inversiones.
Este desequilibrio entre ciudades pequeñas y grandes
subraya desafíos únicos para las políticas públicas a nivel local. La
administración municipal debe encontrar un equilibrio entre ofrecer servicios
públicos de calidad y mantener un marco económico que favorezca la prosperidad
empresarial y la generación de empleo.
El ILECE recomienda medidas concretas para avanzar
hacia un modelo de gestión más eficiente: reducir la deuda y el gasto público,
contener el crecimiento de las plantillas municipales para evitar burocracias
infladas, impulsar la externalización de servicios para mejorar la gestión y
reducir costes, además de disminuir impuestos y sanciones municipales para
estimular la iniciativa privada y la competencia fiscal entre municipios.
Desde una perspectiva liberal, estos hallazgos
refuerzan la tesis de que la libertad económica en el ámbito local es un motor
indispensable para el bienestar social y el desarrollo sostenible. El
liberalismo enfatiza que la reducción del intervencionismo y la promoción de un
entorno competitivo y fiscalmente responsable permiten a las ciudades maximizar
su potencial económico. La competencia entre municipios para atraer inversiones
y talentos fomenta la innovación y la eficiencia, beneficiando tanto a
ciudadanos como a empresas.
Así, abogar por una gestión pública más austera, menos
gravosa y orientada hacia la colaboración con el sector privado es no solo una
recomendación técnica sino un imperativo para impulsar la prosperidad en las
ciudades españolas. Solo a través de la libertad económica local, basada en la
responsabilidad fiscal, la eficiencia y el respeto a la iniciativa privada,
España podrá construir ciudades más dinámicas, competitivas y con mejores
oportunidades para todos sus habitantes.
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