LA SANSON: PATRIMONIO, ECONOMÍA Y LOS LÍMITES REALES DEL DEBATE

Las II Jornadas de la Sanson, organizadas por la Coordinadora por el Patrimonio y el Paisaje de Sant Feliu de Llobregat (COPP), vuelven a situar en el centro del debate ciudadano el futuro de la antigua fábrica y de las pedreras de Santa Creu d’Olorda. El programa es solvente, plural y de alto nivel académico: geología, paleontología, patrimonio industrial, arqueología, memoria histórica y gestión territorial.

Todo ello es necesario. Pero no es suficiente.

Hay una dimensión ausente en estas jornadas —y en el debate público en general— que condiciona cualquier desenlace posible: la dimensión económica. Sin incorporarla explícitamente, el riesgo no es solo no salvar el patrimonio, sino no comprender por qué no se salva.

El patrimonio no desaparece por falta de valor, sino por falta de financiación

Existe un consenso amplio sobre el valor histórico, geológico e industrial de la Sanson. No estamos ante un conflicto de sensibilidades, sino ante un conflicto de capacidades materiales.

Sant Feliu de Llobregat es un municipio de alrededor de 47.000 habitantes con un presupuesto anual cercano a los 54 millones de euros. La mayor parte de este presupuesto se destina —legítimamente— a servicios básicos: limpieza, educación, servicios sociales, seguridad, administración. El margen real para nuevas inversiones estructurales es reducido.

Preservar de manera ambiciosa un conjunto industrial de la magnitud de la Sanson no es barato. Incluso una estimación prudente incluiría:

• adquisición o compensación del suelo,

• remediación ambiental,

• restauración patrimonial,

• y costes de operación y mantenimiento a medio plazo.

Cualquier alternativa patrimonial sólida se mueve, necesariamente, en cifras que superan con mucho la capacidad financiera de un municipio medio como Sant Feliu si actúa en solitario.

Este dato no invalida el patrimonio. Lo contextualiza.

La asimetría estructural con la propiedad privada

La Sanson es suelo privado. Y eso importa.

Para la propiedad, el desarrollo residencial no es una abstracción ideológica, sino una expectativa económica concreta, basada en precios de mercado, edificabilidad y rentabilidad. Renunciar total o parcialmente a esa expectativa tiene un coste de oportunidad real.

El Ayuntamiento puede regular, negociar, condicionar y retrasar. Pero no puede comprar ni expropiar sin respaldo financiero externo. La capacidad de “bloqueo” existe; la capacidad de “adquisición”, no.

Este desequilibrio no es fruto de mala fe ni de conspiración. Es una relación estructural de poder económico.

El papel de COPP: imprescindible, pero limitado

COPP cumple una función social valiosa: documenta, divulga, genera conciencia, construye relato y evita que el patrimonio desaparezca en silencio. Gracias a este trabajo, el debate existe y la empresa no puede actuar sin justificar mínimamente sus decisiones.

Pero COPP no es —ni puede ser— un actor económico. No gestiona presupuestos públicos, no controla suelo, no dispone de instrumentos coercitivos. Su capital es simbólico, cultural y técnico.

Pretender que desde ese lugar se fuerce una solución estructural sin recursos es cargar sobre el activismo cultural una responsabilidad que no le corresponde.

El riesgo del debate incompleto

Cuando el debate se formula solo en términos de “valor patrimonial” frente a “amenaza urbanística”, se genera una expectativa implícita: que reconocer el valor debería bastar para salvar el bien.

Cuando eso no ocurre, llega la frustración.

El problema no es que falte sensibilidad. El problema es que no se discute quién paga, cuánto cuesta y con qué instrumentos.

Sin esa discusión, el resultado previsible es un desarrollo mayoritariamente residencial acompañado de concesiones patrimoniales parciales, de bajo coste relativo, presentadas como equilibrio razonable.

No por maldad, sino por inercia institucional.

Qué debate haría falta abrir

Si queremos salir de este bucle, el debate debería incorporar al menos cuatro preguntas explícitas:

1. ¿Cuál es el coste económico real de preservar la Sanson de forma significativa?

2. ¿Qué parte de ese coste puede asumir el municipio y cuál debe venir de otras administraciones?

3. ¿Qué mecanismos legales permiten capturar parte de la plusvalía del desarrollo para financiar patrimonio?

4. ¿Qué usos productivos pueden garantizar que el patrimonio no dependa de subsidios precarios?

Estas preguntas no son antipatrimoniales. Son la única forma adulta de defender el patrimonio.

Entre la resignación y la honestidad

Decir que Sant Feliu no puede salvar la Sanson en solitario no es rendirse. Es reconocer los límites reales del marco actual. A partir de ahí, solo hay dos caminos legítimos:

• construir alianzas supramunicipales y mecanismos financieros que cambien ese marco, o

• asumir que la preservación será parcial y explicarlo sin eufemismos.

Lo que resulta problemático es mantener un discurso que sugiere soluciones que el sistema no está dispuesto a financiar.

Para qué sirven, entonces, las jornadas

Las Jornadas de la Sanson son útiles. Documentan, generan memoria y obligan a que el patrimonio sea tenido en cuenta. Pero no deberían ser el final del debate, sino el principio de uno más incómodo: el de la economía política del patrimonio.

Porque el patrimonio no se pierde solo cuando se derriba.

También se pierde cuando se convierte en decorado de una decisión ya tomada.

Hablar de esto no debilita la causa patrimonial.

La hace, por primera vez, creíble.