La activación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Sant Feliu de
Llobregat, prevista para mayo-junio y limitada inicialmente a la centralidad
urbana, responde al Decreto 132/2024 de la Generalitat de Catalunya. Esta
imposición normativa afecta a 25 municipios catalanes de entre 20.000 y 50.000
habitantes, limitando la autonomía municipal en un tema de máxima
relevancia local.
La contaminación atmosférica es un problema real que genera externalidades
negativas. Negarlo no sería liberal, sino una negación de la evidencia. La
cuestión central es cómo corregirlo y con qué instrumentos.
El contexto
específico de Sant Feliu
Con alrededor de 47.000 habitantes, Sant Feliu es un municipio periférico
del Baix Llobregat donde el 95% del parque móvil ya cuenta con etiqueta
ambiental. Apenas un 5% de vehículos quedará afectado por las restricciones.
¿Es proporcional una regulación tan intrusiva para un problema que impacta
a una fracción tan reducida del parque móvil? La teoría económica exige que las
intervenciones guarden relación razonable con la magnitud del problema que
corrigen. Aquí, esa proporcionalidad resulta discutible.
La ZBE como
restricción de libertad
Desde una óptica liberal, la ZBE es una prohibición administrativa del
uso de propiedad privada (el vehículo) impuesta por criterio público.
Vehículos sin etiqueta no accederán al centro, y en episodios de alta
contaminación tampoco lo harán los diesel con etiqueta B.
Que afecte a una minoría no legitima la restricción. En una sociedad
liberal, los derechos no se miden por porcentajes.
Un diseño económicamente deficiente
El sistema de etiquetas presenta fallos estructurales:
No mide emisiones reales, sino antigüedad tecnológica
Trata de forma idéntica comportamientos ambientales distintos
Un diésel moderno de 2023 puede contaminar menos que un gasolina antiguo de
2010, pero ambos reciben el mismo trato administrativo. Esto es una mala
internalización de la externalidad: no paga quien más contamina, sino quien no
cumple un estándar arbitrario.
Prohibir
frente a internalizar
El liberalismo prefiere mecanismos de mercado sobre prohibiciones.
Peajes urbanos variables por emisiones reales, impuestos ligados a
contaminación documentada o incentivos tecnológicos bien diseñados lograrían:
Preservar libertad de elección
Asignar costes proporcionales al daño real
Minimizar distorsiones sociales
La ZBE opta por la vía administrativamente simple, no necesariamente por la
más eficiente ni justa.
El caso de
Palencia: Prudencia frente a rigidez
Palencia (76.000 habitantes) realizó un análisis de impacto socioeconómico
antes de su ZBE. Reconoció beneficios potenciales en salud pública y movilidad
activa, pero también efectos regresivos sin alternativas de transporte y
apoyo comercial.
Su respuesta: ZBE muy limitada con sanciones aplazadas hasta 2027.
Esta prudencia contrasta con la aplicación más rígida prevista para Sant Feliu.
Una discriminación silenciosa
Las ZBE afectan desproporcionadamente a:
Rentas bajas
Personas mayores
Autónomos y pequeños comerciantes
Trabajadores con movilidad intermunicipal
Sin transporte público suficiente ni ayudas reales para adaptación, el
centro se convierte en espacio accesible solo para quienes asumen los costes
regulatorios, vulnerando la igualdad ante la ley.
Legalidad, legitimidad y subsidiariedad
Que la ZBE sea obligatoria por decreto no agota el debate
público. Cuando el 95% del parque móvil ya cumple normativa, imponer una
ZBE uniforme sin adaptación local viola el principio de subsidiariedad.
La Generalitat decide, pero Sant Feliu ejecuta y paga las consecuencias
socioeconómicas.
Conclusión
La ZBE de Sant Feliu aborda un problema legítimo con un instrumento de
eficacia marginal y costes sociales significativos. Cuando genera beneficios
ambientales limitados, impone restricciones generalizadas y carece de
alternativas reales, deja de ser solución técnica para convertirse
en problema de gobernanza.
Las políticas inteligentes corrigen problemas minimizando daños colaterales
y respetando contextos locales. En este caso, faltan ambas cosas.
Nota: Basado en el Decreto 132/2024, datos municipales de Sant Feliu (95%
parque conforme) y análisis de impacto de Palencia (2024).
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