El Programa Integral Plus de Cataluña, que
ofrece subvenciones de hasta 12.430,98 euros durante 18 meses a empresas
que contraten a personas desempleadas de larga duración (mayores de 30 años en
paro prolongado o mayores de 45), constituye un ejemplo representativo de las
políticas activas de empleo basadas en incentivos directos a la contratación.
Se trata de una intervención bien intencionada, orientada a un problema real y
persistente del mercado laboral español. No obstante, desde una perspectiva de
economía política rigurosa, el programa merece un análisis que vaya más allá de
sus objetivos declarados y examine sus efectos económicos subyacentes.
El problema de fondo: la alteración
del precio del trabajo
La teoría económica clásica, y en particular los
análisis de Friedrich Hayek sobre el sistema de precios como mecanismo de
información, permiten identificar una primera dificultad conceptual. En una
economía de mercado, los salarios cumplen una función esencial: agregan
información dispersa sobre productividad, escasez relativa de habilidades y
demanda empresarial.
Cuando una persona permanece desempleada durante
largos periodos, el mercado laboral está transmitiendo una señal —incómoda,
pero informativa— sobre un posible desajuste entre productividad,
habilidades y costes laborales vigentes, especialmente en contextos de
elevada regulación y cuña fiscal. Intervenir sobre esa señal mediante una
subvención implica alterar el mensaje que el sistema de precios está emitiendo.
El Programa Integral Plus, en la práctica, reduce de
forma artificial el coste laboral percibido por la empresa, cubriendo una parte
relevante del salario durante 18 meses. El resultado es que se hacen viables
contratos que, a precios de mercado no intervenidos, podrían no resultar
rentables. Esto no implica que dichos empleos carezcan de valor intrínseco,
pero sí que su viabilidad depende de una transferencia pública temporal,
no necesariamente de una productividad suficiente en términos de mercado.
Señales, selección adversa y
desempleo estructural
El desempleo de larga duración suele asociarse a
diversos factores estructurales: menor capital humano, obsolescencia de
competencias, automatización sectorial o desajustes geográficos entre oferta y
demanda de trabajo. En España, estas dinámicas son particularmente relevantes
debido a una combinación de bajo nivel educativo medio y rigideces institucionales.
El diseño del programa parece asumir, al menos
implícitamente, que una parte sustancial del desempleo prolongado responde a discriminación
o estigmatización por parte de los empleadores. Si ese fuera el factor
predominante, una subvención temporal podría actuar como mecanismo de
señalización positiva, permitiendo que la empresa descubra la productividad
real del trabajador.
Sin embargo, la evidencia disponible sugiere que el
desempleo de larga duración en España tiene un componente estructural significativo.
En ese contexto, una subvención limitada en el tiempo difícilmente puede
resolver un desajuste profundo entre las habilidades ofrecidas y las demandadas
por el mercado. En el mejor de los casos, puede posponer el ajuste; en
el peor, simplemente ocultarlo temporalmente.
Una cuestión empírica clave —sobre la que sería
deseable mayor transparencia— es la tasa de permanencia en el empleo una vez
finalizado el periodo subvencionado, tomando como referencia programas
precedentes como el 30 Plus. Si dicha tasa fuera elevada a medio plazo, el
programa ganaría solidez analítica. La ausencia de datos públicos detallados
impide, por ahora, una evaluación concluyente.
Incentivos y riesgo moral
Desde la teoría de incentivos, el programa también
plantea interrogantes sobre la alineación de comportamientos entre
empresas, trabajadores y administración.
Para las empresas, la estructura temporal de la
subvención puede favorecer decisiones de contratación condicionadas a su
duración. Una vez finalizada, el coste laboral vuelve a reflejar su nivel real,
lo que puede inducir ajustes de plantilla si la productividad no compensa
plenamente.
Para los trabajadores, aunque el programa ofrece una
oportunidad valiosa de reentrada al mercado laboral, el carácter subvencionado
y potencialmente transitorio del empleo puede reducir —en determinados casos—
los incentivos a invertir en formación adicional o especialización,
especialmente si no existen mecanismos claros de progresión posterior.
Para la administración, como ocurre con muchos
programas públicos, existe el riesgo de dependencia institucional: una
vez creado el marco, su continuidad puede quedar vinculada a dinámicas
presupuestarias y políticas más que a evaluaciones rigurosas de impacto.
El efecto sustitución y el empleo no
observado
La literatura económica sobre políticas activas de
empleo ha documentado de forma recurrente el efecto sustitución: las
empresas tienden a priorizar trabajadores subvencionados frente a otros
candidatos igualmente válidos pero sin apoyo público. En estos casos, el número
de “empleos creados” no coincide con el empleo neto generado en la economía.
Esto sugiere que parte del impacto del programa puede
consistir en una redistribución del empleo existente, más que en una
expansión sostenida de la demanda laboral. Evaluar este efecto requiere
análisis contrafactuales que, de nuevo, no suelen estar disponibles en el
debate público.
Coste y alternativas: la necesidad
de un análisis comparativo
El coste directo del programa es conocido. Menos visibles
son los costes indirectos: gestión administrativa, seguimiento individualizado,
y, sobre todo, el coste de oportunidad de los recursos públicos
empleados.
Un análisis coste-beneficio completo debería comparar
el impacto del programa con alternativas plausibles: reducciones generales de
cotizaciones sociales, inversión intensiva en reconversión formativa, o incluso
una menor presión fiscal que favorezca la creación de empleo endógena. Sin este
ejercicio comparativo, resulta difícil afirmar que la subvención a la
contratación sea el uso más eficiente de los fondos disponibles.
Consideraciones finales
El Programa Integral Plus responde a una preocupación
legítima y aborda un problema real. Sin embargo, desde una perspectiva
económica, plantea dudas razonables sobre su capacidad para resolver las
causas estructurales del desempleo de larga duración.
La experiencia comparada sugiere que las subvenciones
temporales pueden mejorar indicadores a corto plazo, pero su impacto a medio y
largo plazo depende críticamente de la productividad real, la acumulación de
capital humano y el marco institucional en el que operan empresas y
trabajadores.
La economía no niega la necesidad de actuar; advierte
sobre la importancia de actuar correctamente. Reformar el mercado laboral,
reducir barreras a la contratación, invertir eficazmente en educación y
permitir que los precios transmitan información veraz siguen siendo elementos
centrales de cualquier estrategia sostenible de empleo.
Mientras las políticas públicas se centren en corregir
los síntomas mediante intervenciones puntuales, los desequilibrios de fondo
tenderán a persistir. Y es ahí —en las causas, no en los efectos— donde debería
situarse el centro del debate.
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