LA FEMP: QUÉ ES, HISTORIA, OBJETIVOS,...Y CRÍTICA LIBERAL

 

Nota del autor: Este artículo no pretende ser neutral, sino analizar la FEMP desde una perspectiva liberal, separando descripción institucional y valoración normativa.

PARTE I: LA FEMP - LA ORGANIZACIÓN, SU HISTORIA Y OBJETIVOS

¿Qué es la FEMP?

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) es la asociación de entidades locales de mayor implantación territorial en España. Agrupa actualmente 7.410 entidades locales —Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Consejos Insulares y Cabildos— que representan más del 95% de todos los gobiernos locales españoles. Su sede se encuentra en Madrid, en un edificio histórico de finales del siglo XVII, ubicado en la calle del Nuncio.

En términos funcionales, la FEMP opera como la voz unitaria de los poderes locales españoles ante el Estado central, las Comunidades Autónomas y las instituciones europeas. Es simultáneamente un foro de cooperación intermunicipal, un instrumento de presión política y un proveedor de servicios técnicos a sus asociados.

Nacimiento: Torremolinos, junio de 1981

La FEMP nace el 13 y 14 de junio de 1981, durante la celebración de su I Asamblea en Torremolinos (entonces todavía un barrio de Málaga). Este momento es de particular significación histórica: ocurre apenas seis meses después del 23 de febrero de 1981, el fracasado intento de golpe de estado encabezado por el Teniente Coronel Tejero.

La Transición democrática española aún estaba en fase delicada. La Constitución de 1978 era reciente. Los primeros gobiernos autonómicos comenzaban a consolidarse. En ese contexto, la celebración de una asamblea constituyente de alcaldes de toda España —de diferentes ideologías políticas, negociando con libertad sus propias decisiones— representaba una demostración visceral de que la democracia podía funcionar desde la base, desde los municipios.

Los participantes la describían como "una eclosión del municipalismo": alcaldes que descubrían que sus problemas eran comunes, que necesitaban una plataforma común para reivindicar el poder local. Domingo Ferreiro, primer Secretario General de la FEMP, recordaría que "fue todo rodado porque éramos libres de tomar nuestras propias decisiones."

El Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, en aquel momento en el poder, apoyaba explícitamente esta iniciativa. No era casual: el Estado vería en los municipios un contrapeso institucional frente al poder emergente de las Comunidades Autónomas, que se estaban consolidando con los primeros Estatutos de Autonomía. En cierto sentido, era el Estado central intentando fortalecer un "federalismo de municipios" para limitar el poder regional.

Reconocimiento legal y expansión europea (1985)

La FEMP fue constituida formalmente al amparo de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. El 26 de junio de 1985, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, fue declarada Asociación de Utilidad Pública, lo que le otorgaba estatus oficial.

Paralelamente, el 15 de octubre de 1985, se firma la Carta Europea de la Autonomía Local en Estrasburgo. La FEMP se convierte en la sección española del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) y, posteriormente, en la sede oficial de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal (OICI).

Este reconocimiento europeo fue crucial. La Carta Europea de la Autonomía Local no solo declaraba derechos teóricos; establecía estándares de suficiencia financiera y claridad competencial que vinculaban a los Estados firmantes. España ratificaría esta Carta en 1988.

Objetivos fundacionales y estatutarios

Según sus Estatutos aprobados en la XII Asamblea Plenaria, los fines de la FEMP son:

El fomento y la defensa de la autonomía de las Entidades Locales — tanto en la relación con otras administraciones públicas como en la construcción de políticas públicas

La representación y defensa de los intereses generales de las entidades locales españolas

El desarrollo y la consolidación del espíritu europeo en el ámbito local, basado en los principios de autonomía y solidaridad entre entes locales

La promoción y el favorecimiento de relaciones de amistad y cooperación con entidades locales y sus organizaciones, especialmente en el ámbito europeo, iberoamericano y árabe

La prestación de toda clase de servicios directamente o a través de sociedades dependientes (asesoría legal, formación, coordinación de proyectos, etc.)

Cualquier otro fin que afecte directa o indirectamente a los asociados

En síntesis, la FEMP se posiciona a sí misma como defensora de la autonomía municipal, como vocera unitaria ante otras administraciones y como facilitadora de cooperación intermunicipal.

Estructura actual (enero 2026)

Presidencia: María José García-Pelayo Jurado (PP), alcaldesa de Jerez de la Frontera desde 2015, reelecta en septiembre de 2023.

Junta de Gobierno: 25 miembros entre alcaldes/alcaldesas y presidentes/presidentas de diputaciones, representando diferentes territorios y fuerzas políticas (aunque con mayoría relativa del PP).

Secretario General: Luis Antonio Martínez-Sicluna Sepúlveda (PP).

Consejo Territorial: Más de 80 vocales que representan territorios y gobiernos locales de todas las comunidades autónomas.

La estructura de gobierno refleja esfuerzos por mantener equilibrio territorial y político-partidista, aunque es notable que la presidencia haya recaído mayoritariamente en alcaldes de gobiernos con implantación nacional significativa.

Financiación

Presupuesto 2026: 33,9 millones de euros.

Composición:

72% del Ministerio de Hacienda (transferencias estatales)

28% de cuotas de los miembros asociados, calculadas según el tamaño de población de cada entidad local

Este modelo de financiación es relevante para cualquier análisis crítico de la FEMP: la organización que reclama mayor autonomía local respecto del Estado central recibe el 72% de su propio presupuesto del Ministerio de Hacienda, lo que plantea preguntas sobre su grado de independencia institucional.

Demandas recurrentes (2024-2026)

En su comunicado de cierre de 2025, la FEMP reitera sus demandas estructurales:

1. Financiación local justa

El modelo de financiación local vigente no ha tenido cambios sustanciales desde 2002 (según reclama la FEMP)

Crítica: Los municipios asumen cada vez más competencias (servicios sociales, educación complementaria, etc.) sin correspondiente aumento de recursos

Demanda: Un nuevo modelo basado en "suficiencia financiera" que garantice que ciudadanos reciban servicios equivalentes en todo el territorio

2. Segunda descentralización

Reforma que transfiera competencias desde las Comunidades Autónomas hacia los municipios

Fundamento: "La democracia se construye desde los municipios" — argumento de proximidad al ciudadano

Objetivo: Clarificación de responsabilidades entre niveles administrativos

3. Reforma del régimen legal local

Crítica explícita a la Ley Reguladora de la Administración Local (LRSAL) de 2013, que centralizó competencias locales

Demanda: Mayor capacidad de decisión autónoma de municipios sobre gestión de servicios públicos

4. Convocatoria de la Comisión Nacional de Administración Local

Instancia de diálogo formal entre administraciones sobre gobierno local

Último avance significativo: 2002

Reclamo urgente: que se convoque para abordar reforma competencial y financiera

Contexto Político: ¿Asociación Independiente o Instrumento de Presión?

La FEMP se presenta como "independiente" de partidos políticos específicos. Técnicamente, es cierto: agrupa gobiernos locales de todos los signos políticos.

Sin embargo, operativamente funciona como un instrumento de presión política corporativa. Es decir:

La presidencia tiende a recaer en alcaldes de gobiernos con gran implantación electoral (tradicionalmente PP o PSOE)

Su posición respecto al Gobierno central es de negociación-presión: no es crítica de la existencia del Estado central, sino demandante de mayores recursos y autonomía dentro del sistema estatal

Sus propuestas se enmarcan siempre dentro de la lógica de "más administración pública" — nunca cuestiona si determinados servicios municipales deberían ser privatizados o gestionados por mercados

En términos políticos, la FEMP es un lobby del sector público municipal.

PARTE II: LA CRÍTICA LIBERAL A LA FEMP

Un liberal —dependiendo de si es clásico, ordoliberal o neoliberal— tendría una posición compleja respecto a la FEMP. No sería de aprobación total ni rechazo total, sino de crítica selectiva y matizada.

Los aspectos que un liberal podría apreciar

1. La reivindicación de subsidiariedad y descentralización

La FEMP defiende el principio de que las decisiones deben tomarse lo más cerca posible de los ciudadanos. Esto es genuinamente liberal. La Carta Europea de la Autonomía Local, de la que la FEMP es defensora, está profundamente enraizada en la tradición liberal de limitar el poder central y confiar en comunidades locales para la autogobernanza.

Un liberal clásico podría reconocer valor en esto: los municipios, siendo más pequeños y cercanos a los ciudadanos, tienen mayor capacidad de accountability democrático que burocracias centralizadas. Si un alcalde abusa del poder municipal, los vecinos pueden desalojarlo más fácilmente que si un ministro abusa en Madrid.

2. La crítica a la recentralización estatal

La FEMP ha denunciado explícitamente cómo legislaciones sectoriales del Estado central (especialmente desde la LRSAL 2013) han centralizado competencias que antes eran locales. Esto coincide con la preocupación liberal sobre la concentración de poder. Un liberal puede estar de acuerdo: más poder central = menos libertad local.

3. La defensa de la autofinanciación relativa

La FEMP reclama que las competencias que asume tengan acompañamiento financiero correspondiente. Este es un principio de eficiencia que los liberales pueden compartir: si alguien debe hacer un trabajo, debe tener los recursos para hacerlo. De lo contrario, la responsabilidad se diluye.

Las críticas liberales fundamentales

Sin embargo, cuando se profundiza en el análisis, aparecen problemas sustanciales desde cualquier perspectiva liberal coherente.

1. Corporativismo de facto

La FEMP funciona como un instrumento de presión de las administraciones públicas locales. Las entidades que representa (Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos) son monopolios territoriales. No pueden ser reemplazadas por competencia. No operan bajo incentivos de mercado. No pueden quebrar.

Un liberal preguntaría: ¿cómo es que una organización que representa instituciones sin incentivos competitivos pueda reivindicar legitimidad para hablar en nombre de los "gobiernos locales"?

La respuesta honesta es: la FEMP representa los intereses corporativos del sector público municipal, no los intereses de los ciudadanos. Un ciudadano que quiere mudarse a una ciudad con mejor gestión local no puede "votar con los pies" porque los servicios municipales (recogida de basura, agua, alumbrado) están monopolizados por el Ayuntamiento de su territorio.

2. Dependencia financiera del Estado

El 72% del presupuesto de la FEMP proviene del Ministerio de Hacienda. Esto significa que la "independencia" que reclama respecto al poder central está fundada sobre financiación estatal.

Un liberal ordoliberal cuestionaría esta incoherencia: ¿cómo puede una organización mayoritariamente financiada por el Estado central ser un auténtico defensor de la autonomía local frente a ese mismo Estado?

Paralelamente, esto significa que los gobiernos locales agrupados en la FEMP tienen un incentivo perverso: demandan más autonomía para sí, pero necesitan que el Estado central tenga suficiente poder fiscal para financiarlos. Si el Estado central fuera verdaderamente debilitado (como desearía un liberal), ¿de dónde sacarían fondos?

3. La Trampa de la "Financiación Justa"

Las demandas recurrentes de la FEMP por una "financiación local justa" se traducen invariablemente en: "más gasto público, más transferencias estatales, más impuestos."

Pero aquí aparece una paradoja liberal: La FEMP reclama descentralización fiscal-competencial, pero dentro de un modelo donde el Estado central sigue siendo el principal recaudador de impuestos. Esto no es verdadera descentralización; es federalismo fiscal redistributivo: el Estado central extrae recursos mediante impuestos nacionales (IVA, impuesto sobre sociedades, etc.) y luego los redistribuye a municipios según fórmulas complejas.

El problema liberal es evidente: Los ciudadanos siguen contribuyendo al mismo monto fiscal total; simplemente, la decisión sobre cómo gastar ese dinero se toma a nivel municipal en lugar de nacional. Pero la extorsión fiscal inicial sigue siendo centralizada.

Una verdadera descentralización liberal significaría que los municipios tuvieran capacidad de recaudar sus propios impuestos (sobre propiedad inmobiliaria, negocios locales, etc.) y ser responsables directamente ante sus ciudadanos. La FEMP nunca reclama esto; siempre reclama más transferencias.

4. La defensa implícita de ineficiencia municipal

España tiene 8.131 municipios. Más de la mitad tiene menos de 1.000 habitantes. Un municipio de 200 habitantes no puede mantener un Ayuntamiento, un Director de Recursos Humanos, una asesoría jurídica y todo el aparato burocrático que implica gobernanza municipal moderna.

Sin embargo, la FEMP, bajo la bandera de "autonomía local," se opone sistemáticamente a fusiones municipales voluntarias. El argumento es que cada municipio tiene "derecho" a su identidad local y a autogobernarse.

Desde una perspectiva liberal de eficiencia, esto es insostenible. Si la subsidiariedad liberal significa que los poderes se ejercen al nivel más efectivo y eficiente, entonces un municipio de 200 habitantes que necesita transferencias estatales para financiar servicios que podrían prestarse más eficientemente a nivel provincial o regional viola ese principio.

Pero la FEMP nunca plantea esto: la solución siempre es pedir más dinero, no reorganizarse.

5. La ausencia de soluciones de mercado

La crítica más profunda es que la FEMP opera completamente dentro de la lógica del sector público.

Cuando habla de servicios municipales —agua, residuos, transporte, vivienda, servicios sociales—, asume implícitamente que estos deben ser proporcionados por administraciones públicas. No hay debate sobre privatización. No hay mención a cooperativas de usuarios. No hay propuesta de contratos con empresas privadas o asociaciones cívicas.

Cuando la FEMP menciona "eficiencia," se refiere siempre a cómo gestionar mejor estos servicios desde lo público. Nunca cuestiona si deberían serlo.

Un liberal preguntaría: ¿Por qué la recogida de basura debe ser un servicio municipal? ¿Por qué no puede ser un mercado donde los ciudadanos contratan empresas de basura? ¿Por qué el agua debe ser público? ¿Por qué no cooperativas de usuarios que gestionen y paguen el agua?

La verdadera subsidiariedad liberal significaría que muchos servicios actualmente municipales podrían desaparecer como "servicios públicos" y convertirse en servicios privados, cooperativos o comunitarios. Esto reduciría drásticamente la necesidad de financiación municipal y, por tanto, de presión fiscal.

Pero la FEMP nunca lo propone. Porque la FEMP defiende el modelo de administración pública, no la verdadera libertad local.

6. La recentralización silenciosa mediante regulación

Aunque la FEMP reclama autonomía local, la realidad es que el Estado central ha ido colonizando cada vez más la capacidad de decisión municipal mediante leyes sectoriales.

Las escuelas locales deben cumplir con currícula nacionales. Los servicios de agua local están regulados por estándares europeos y nacionales complejos. Los servicios sociales municipales deben cumplir con mínimos estatales. Los procedimientos de contratación pública están estandarizados nacionalmente.

La FEMP reclama autonomía, pero dentro de este marco regulatorio asfixiante. Un liberal cuestionaría: ¿de qué sirve que el Ayuntamiento tenga "autonomía" en cómo organizar la recogida de basura si el Estado central dicta mediante regulación qué debe recoger, cómo debe reciclarse, qué estándares ambientales debe cumplir?

La solución liberal no sería simplemente "transferir competencias" (lo que la FEMP pide), sino "desregular y permitir que los municipios y mercados locales decidan libremente."

7. El conflicto entre autonomía local e igualdad redistributiva

Aquí aparece una tensión profunda en la posición de la FEMP.

Por un lado, reclama "autonomía local" — que cada municipio pueda decidir libremente sobre sus servicios. Pero por otro lado, reclama un "nuevo modelo de financiación" que garantice que "todos los ciudadanos reciban servicios equivalentes en todo el territorio nacional."

Esto no es autonomía; es federalismo redistributivo. Si los ciudadanos de un municipio rico quieren gastar menos en servicios y tener impuestos menores, ¿pueden hacerlo? La FEMP diría que no — porque entonces los ciudadanos de municipios pobres recibirían servicios inferiores.

Un liberal cuestionaría: ¿cuál es el verdadero objetivo? ¿Autonomía local (permitir que cada comunidad se autogobierne) o igualdad territorial (asegurar estándares nacionales)? La FEMP quiere ambas, pero son parcialmente incompatibles.

Conclusión: Las tensiones irreconciliables

Un liberal se enfrenta a una contradicción incómoda respecto a la FEMP.

Por un lado, la organización defiende valores genuinamente liberales: autonomía, subsidiariedad, resistencia a la centralización. Estos son principios correctos.

Pero por otro lado, los defiende dentro de un marco que un liberal rechazaría: un Estado de bienestar municipal permanentemente expansionista, financiado mediante impuestos coercitivos centrales y administrado por monopolios públicos sin incentivos de mercado.

Un liberal clásico podría encontrar cierto valor en la FEMP como contrapeso institucional frente a la centralización estatal. Pero con reservas profundas sobre sus objetivos redistributivos.

Un liberal ordoliberal vería en la FEMP un instrumento de orden competitivo defectuoso: defiende reglas del juego, pero para un juego (administración pública) que cree debería reemplazarse por mercados.

Un liberal neoliberal rechazaría la FEMP casi por completo: la vería como un lobby que obstaculiza la privatización, la desregulación y la reducción genuina del Estado.

En conclusión, la opinión liberal sobre la FEMP no sería de aprobación o rechazo total, sino de crítica amistosa, pero profunda:

"Defendéis los lugares correctos (autonomía, subsidiariedad, resistencia a la centralización). Pero dentro del marco equivocado (más sector público, más impuestos, más burocracia). Una verdadera subsidiariedad liberal significaría municipios más pequeños, más privados, menos regulados y menos dependientes de transferencias estatales. No municipios más ricos y autónomos dentro del Estado de bienestar."

Bibliografía:

Federación Española de Municipios y Provincias, Estatutos

FEMP, "40 años: 1981-2021" (documentos históricos)

FEMP, "45 años: Poder local, autonomía y descentralización" (2026)

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local

Carta Europea de la Autonomía Local (1985)

• Ordoliberal (Alemania): El Estado es un árbitro que pone reglas estrictas para que el mercado sea justo.
• Neoliberal (Argentina 2026): El Estado es un obstáculo que debe ser reducido drásticamente y de forma rápida.
• Liberal Clásico (Suiza/Estonia): El Estado es un servidor limitado; su función es proteger la libertad y la propiedad, interviniendo lo mínimo posible pero de forma muy estable.