SERVICIO PÚBLICO, GESTIÓN RESPONSABLE: UNA MIRADA LIBERAL AL SAD

El Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) es, sin discusión, un servicio público esencial. Forma parte del núcleo de los derechos sociales básicos y responde a una realidad incuestionable: una población cada vez más envejecida y con mayores necesidades de cuidado. Precisamente por eso, el debate sobre cómo se gestiona no puede abordarse desde consignas simples ni desde trincheras ideológicas.

En los últimos años se ha instalado la idea de que municipalizar el SAD es, por definición, la mejor solución. Quien discrepa de esta afirmación suele ser acusado de querer “privatizar” los cuidados o de poner el beneficio económico por delante de los derechos. Sin embargo, esta dicotomía es falsa y empobrece el debate público.

Defender que el SAD sea un servicio público no obliga a defender que deba gestionarse siempre de forma directa por el ayuntamiento. Titularidad pública y gestión directa no son sinónimos. Un servicio puede ser plenamente público —financiado con fondos públicos, regulado, supervisado y sometido a control democrático— y, al mismo tiempo, prestarse mediante fórmulas de gestión indirecta.

Desde una perspectiva liberal, el foco debe ponerse en los resultados, no en la forma jurídica. La pregunta relevante no es quién gestiona el servicio, sino qué modelo garantiza mejor la calidad de la atención, la estabilidad de las trabajadoras, la sostenibilidad financiera y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

La experiencia muestra que tanto la gestión directa como la externalizada pueden funcionar bien o mal. Hay municipios donde la municipalización ha permitido ampliar el servicio gracias a un fuerte incremento presupuestario; y otros donde ha generado rigideces organizativas, dificultades para cubrir bajas o un aumento de costes estructurales difícilmente reversible. Del mismo modo, existen experiencias de externalización deficientes, pero también otras donde una gestión indirecta bien diseñada, con contratos exigentes y supervisión efectiva, ha garantizado continuidad, calidad y estabilidad laboral.

Uno de los argumentos más repetidos contra la externalización es que las empresas obtienen un margen económico que “se detrae” del servicio. Este razonamiento ignora dos cuestiones clave. La primera es que el coste total de un servicio público no se reduce a la ausencia de beneficio, sino que incluye organización, flexibilidad operativa, capacidad de adaptación y gestión del personal. La segunda es que, sin mecanismos de evaluación y comparación, la gestión directa tampoco garantiza que cada euro se traduzca en mejor servicio.

La corrupción y los abusos deben combatirse con firmeza, pero atribuirlos automáticamente a la gestión externa es una simplificación peligrosa. La corrupción no es una característica de un modelo de gestión, sino de la falta de controles, transparencia y responsabilidad política. Precisamente por eso, el reto de las administraciones públicas no es “hacerlo todo”, sino saber diseñar, supervisar y exigir resultados.

En servicios complejos como el SAD, intensivos en mano de obra y con demandas variables, la flexibilidad organizativa es clave. Convertir todos los costes en estructurales y permanentes puede limitar la capacidad de adaptación del servicio a medio y largo plazo, especialmente en contextos de restricción presupuestaria. Esto no es una cuestión ideológica, sino de buena administración.

Defender una posición liberal en este ámbito no significa mercantilizar los cuidados ni desentenderse de lo público. Significa asumir que la responsabilidad institucional consiste en garantizar derechos, no en imponer un único modelo de gestión. Significa exigir datos, evaluaciones comparables y rendición de cuentas, y no conformarse con respuestas morales que evitan el análisis.

El SAD merece un debate a la altura de su importancia. Un debate que ponga en el centro a las personas usuarias y a las trabajadoras, pero también el uso responsable de recursos que son de toda la ciudadanía. Y para eso, más que dogmas, necesitamos criterio, evidencia y una gestión pública exigente, sea cual sea la fórmula elegida.

CUANDO EL DEUDOR TIENE LA SARTÉN POR EL MANGO: EL ESCÁNDALO DEL COMPLEX EN SANT FELIU DE LLOBREGAT

Una administración competente tiene razón y cobra. Una administración incompetente tiene razón y no cobra. Sant Feliu de Llobregat parece haberse especializado en la segunda opción.

El Club Natació Sant Feliu (CNSF) debe 1,5 millones de euros al Ayuntamiento en cánones impagados. Este hecho no sería sorprendente en una entidad cualquiera, pero resulta extraordinario por una razón muy específica: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha examinado los documentos y validado que el Ayuntamiento tiene toda la razón legal. No hay ambigüedad interpretativa. No hay gris administrativo que permita al deudor escudarse. Airef ha dicho: el dinero se debe.

Y sin embargo, el Ayuntamiento probablemente seguirá sin cobrar.

Esta paradoja no es un accidente de la gestión. Es el resultado de una estructura de incentivos perversa donde el deudor, formalmente obligado a pagar, posee en realidad todo el poder de negociación. Eso es lo que convierte esta historia en un asunto que merece escrutinio público: gobierne quien gobierne en Sant Feliu, la ciudad sigue atrapada en un mismo círculo vicioso que nadie se atreve a romper.

La deuda que todos conocen y algunos quieren olvidar

Durante años, el CNSF no ha pagado sus cánones de uso de las instalaciones municipales. No estamos hablando de un atraso puntual o de desacuerdos sobre cifras. Los 1,5 millones de euros constituyen una deuda estructural acumulada, certificada administrativamente, validada por Airef.

En el mismo período, el Ayuntamiento ha estado financiando lo que sus propios documentos denominan eufemísticamente el "déficit operacional" del complejo: aproximadamente 960.000 euros anuales en subsidios que permiten al CNSF continuar operando. Dicho de forma más clara: Sant Feliu está pagando para que un operador privado siga prestando servicios en instalaciones públicas sin asumir sus costes reales.

La deuda real del CNSF no es solo los 1,5 millones que debe en cánones. Si sumamos los subsidios implícitos que ha recibido durante años, la cifra se eleva a aproximadamente 4,3 millones de euros. Esa es la realidad financiera que los números confiesan cuando se leen con rigor.

El precedente: la condonación como estrategia

Pero aquí está el elemento que transforma completamente la dinámica de poder: el Ayuntamiento ya ha condonado deudas del CNSF en el pasado. No es la primera vez que esta institución municipal elige no cobrar.

El CNSF lo sabe. Ha visto a Sant Feliu ceder bajo presión política: preocupación por mantener un servicio público, miedo al conflicto laboral, consideraciones electorales, la narrativa de mantener "vivo" un complejo de referencia. Cada vez que la presión se ha intensificado, el Ayuntamiento ha optado por perdonar dinero en lugar de afrontar una rescisión de contrato.

Ese precedente es el arma más poderosa del CNSF. Porque sabe que, en Sant Feliu, el perdón es una opción que siempre está sobre la mesa. Y mientras esté sobre la mesa, el incentivo para pagar simplemente no existe.

La captura del servicio público: lo que los documentos revelan

La deuda es grave, pero no es el asunto más profundo. Los pliegos de la licitación revelan algo aún más fundamental: cómo un operador privado ha capturado progresivamente un servicio público.

El CNSF es un club privado de waterpolo. Sus empleados no son personal municipal. La plantilla del servicio, los 59 trabajadores, pertenecen enteramente al CNSF y se rigen por el convenio del sector de clubs de natación catalanes, no por las normas de servicios públicos. El CNSF dispone de almacenes dedicados, controla directamente la escuela de natación municipal y organiza las competiciones de waterpolo (obviamente, para sí mismo).

Esto no es un detalle administrativo. Es la estructura visible de cómo el servicio ha sido capturado.

El presupuesto operacional oficial cifra el gasto del complejo en 2,41 millones de euros anuales. Pero cuando ese presupuesto se desglosa, revela una distribución que merecería provocar reflexión en cualquier ciudadano de Sant Feliu: aproximadamente 1 millón de euros anuales (el 46% del gasto total) financia directamente actividades de un club privado de waterpolo.

Son nóminas de monitores de waterpolo, nóminas de la escuela de natación del CNSF, técnicos especializados, renting de máquinas acuáticas, servicios profesionales y seguros. Todos son gastos clasificados como "operacionales del complejo" que benefician desproporcionadamente a una organización privada cuya actividad principal es un club de waterpolo en División de Honor.

Sant Feliu está pagando más de 1 millón de euros anuales para que un club privado tenga entrenadores, instalaciones, material y servicios administrativos completamente financiados. Mientras ese mismo club no paga sus cánones. Mientras acumula deuda. Mientras cuenta con el precedente de condonaciones previas.

La contabilidad de la confusión: dónde acaba lo público y comienza lo privado

Los pliegos indican que el complejo genera 840.000 euros anuales en ingresos. Pero estos números ocultan deliberadamente dónde termina la actividad pública y dónde comienza la financiación privada.

De ese medio millón que teóricamente viene de "abonos y cuotas", una parte importante proviene de miembros del CNSF que tienen tarifas especiales. Son ingresos del club contabilizados como "ingresos del complejo público". De las entradas puntuales de 120.000 euros, probablemente una fracción nada despreciable corresponde a padres asistiendo a entrenamientos de waterpolo del CNSF o a personas entrando en competiciones que el CNSF organiza para sí mismo. Técnicamente es "actividad del complejo". Esencialmente es operacional del club.

Los cursos de natación generan 180.000 euros, pero los pliegos especifican explícitamente que el CNSF gestiona la escuela de natación municipal y cobra directamente a las familias. Una parte importante de esos 180.000 euros son pagos de usuarios del CNSF que aparecen contabilizados como "ingresos públicos" cuando en realidad es dinero que el club está cobrando de sus propios miembros.

Luego están los programas bonificados (escolar, para parados, para personas con discapacidad) por un monto de 222.000 euros anuales. Los pliegos nunca especifican claramente si el Ayuntamiento repone al operador estas bonificaciones o si las asume directamente. Es una ambigüedad deliberada que permite que ambas partes interpreten los números según le convenga.

Esta contabilidad confusa no es casual. Permite que el CNSF se presente como un operador que genera ingresos significativos del complejo, cuando en realidad una porción importante de esos "ingresos" es flujo de dinero del club clasificado como actividad pública. Permite que el Ayuntamiento presente cifras que sugieren un servicio más autosuficiente de lo que es en realidad.

El miedo que gobierne quien gobierne

Lo que hace este asunto verdaderamente significativo para la ciudad no es solo la deuda o la captura del servicio. Es que, independientemente de quién gobierne Sant Feliu, la administración municipal parece atrapada en la misma lógica.

El nuevo Ayuntamiento hereda exactamente el mismo dilema que el anterior: un CNSF que debe dinero validado por Airef, un precedente de condonaciones previas, un complejo que no es rentable sin subsidios, un club que sabe que tiene la sartén por el mango.

¿El nuevo gobierno ha intentado cobrar? ¿Ha intentado modificar los términos? ¿Ha intentado enderezar la estructura de los pliegos? Los ciudadanos de Sant Feliu deberían saberlo. Porque es el indicador de si esta administración es diferente o simplemente continúa con la misma lógica de incompetencia sistemática.

El verdadero escándalo no es que exista una deuda impagable. El verdadero escándalo es que es impagable porque está estructurada así. Es que un servicio público ha sido capturado de tal forma que cobrar es políticamente insostenible. Es que ni los gobiernos anteriores ni el actual parecen dispuestos a afrontar la decisión difícil que la situación requiere.

Por eso cuando se resuelva (o cuando explote), será porque la sociedad civil finalmente exigió claridad. No porque la administración, de forma espontánea, eligiera competencia sobre conveniencia política.

Mientras tanto, la ciudad sigue financiando un club privado que no paga, con precedentes de condonación que garantizan que seguirá sin pagar, mientras se contabiliza el gasto de forma que hace imposible ver exactamente cuánto cuesta realmente mantener este arreglo.

Eso es lo que ocurre con las instalaciones del Complex. Y esos son los miedos del Ayuntamiento: no el dinero, que es importante; el verdadero miedo es tener que elegir entre colisionar con un servicio que la ciudad ha llegado a depender, y colisionar con el colapso administrativo de admitir que la estructura nunca fue viable.

Gobierne quien gobierne en Sant Feliu, ese es el problema que enfrenta. Y el ciudadano merece saberlo con claridad.

GESTIÓN PÚBLICA Y RENOVACIÓN DE FLOTAS: UNA TENDENCIA CRECIENTE EN LOS MUNICIPIOS ESPAÑOLES

 

La tendencia actual en España muestra que cada vez más ayuntamientos optan por adquirir directamente la flota de camiones para la recogida de residuos, priorizando el control sobre la calidad del servicio y apostando por una gestión pública eficiente y transparente. Esta estrategia responde tanto a exigencias técnicas y legales como a la necesidad de garantizar un funcionamiento operativo estable y atender las crecientes demandas ciudadanas.

La inversión municipal y su impacto económico

Cuando un municipio decide realizar la inversión inicial en vehículos o maquinaria, moviliza recursos públicos que podrían haberse destinado a otros fines. Esto representa un coste de oportunidad relevante. En muchos casos, la liquidez disponible no es suficiente, y el ayuntamiento recurre a financiación externa, lo que implica un coste financiero (intereses).

Por ley, estos costes —incluidos los intereses y la amortización de los activos— deben repercutirse en la tasa de basuras que paga la ciudadanía. Esta fórmula garantiza la sostenibilidad fiscal del servicio y su equidad, ya que quien lo utiliza lo financia.

Ejemplo práctico: comparación de modelos financieros

Comparando dos modelos —pago único frente a financiación a plazos (por ejemplo, con un tipo de interés del 3 % anual)—, el pago directo tiene un coste presente mayor, ya que exige un desembolso inicial elevado.

En cambio, distribuir el coste a lo largo del tiempo permite aliviar la presión sobre la liquidez anual y aprovechar el valor temporal del dinero, aunque implique pagar intereses. Esta opción puede resultar más adecuada si el municipio necesita compatibilizar la inversión con otras prioridades presupuestarias. En cualquier caso, se trata de una decisión estratégica que debe alinearse con los objetivos financieros y de servicio público.

Casos destacados en España

• Sevilla: Ha invertido más de 12 millones de euros en la adquisición de 21 nuevos camiones de residuos, incorporando vehículos eléctricos y sistemas modernos de control y eficiencia.
• Orihuela: Entre 2024 y 2025 renovó su flota con más de once camiones nuevos, sumando 1,5 millones de euros en inversión, todos ellos con tecnología de bajo impacto ambiental.
• Valladolid: Incorporó nuevos vehículos mediante un modelo cofinanciado con la Junta de Castilla y León, priorizando la sustitución de una flota obsoleta y mejorando la fiabilidad del servicio.
• Sant Feliu de Llobregat: El pleno municipal del 4 de septiembre de 2025 aprobó un nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza viaria, que incluye un pliego técnico exigente, con criterios de sostenibilidad, digitalización del servicio y mejora de las condiciones laborales. Aunque el modelo mantiene la gestión mediante concesión, el ayuntamiento define las inversiones estratégicas y ejerce un control directo sobre la calidad y cumplimiento del servicio.
• Otros municipios como Sanlúcar de Barrameda, Tarifa y Rojales también han apostado por renovar su maquinaria mediante inversión pública, reforzando la sostenibilidad y modernización de sus servicios.

Ventajas y retos, según una visión liberal

Desde una perspectiva liberal, la gestión privada de los servicios públicos como la recogida de residuos presenta claras ventajas. Entre ellas, se destacan una mayor eficiencia operativa, la presión competitiva que incentiva la mejora constante y la optimización de recursos. Las empresas concesionarias, motivadas por la rentabilidad, tienden a reducir costes y mejorar procesos de forma continua.

No obstante, esta visión también reconoce ciertos riesgos asociados a la gestión totalmente privada. La posible utilización de equipos más económicos y menos duraderos, la toma de decisiones orientadas al corto plazo o una menor atención a criterios ambientales y de calidad del servicio podrían afectar negativamente a los ciudadanos. Por ello, muchos municipios apuestan por modelos mixtos, donde la administración define y controla las inversiones estratégicas (vehículos, infraestructuras, tecnología), mientras que la operación diaria y el mantenimiento se externalizan, permitiendo mayor flexibilidad y profesionalización.

Lo fundamental es que la eficiencia económica y la sostenibilidad fiscal estén en el centro de la planificación: todos los costes reales, incluidos intereses y amortización, deben repercutirse de forma transparente a través de la tasa de basuras, garantizando equidad y responsabilidad en la gestión del servicio público.

Opinión crítica desde una perspectiva liberal

Numerosos economistas y pensadores liberales profundizan en esta visión y manifiestan una crítica clara a la gestión pública directa de la inversión y operación en servicios como la recogida de residuos. Según esta postura, la administración debería centrarse en regular, supervisar y garantizar la transparencia del servicio, pero no en asumir directamente la propiedad o la gestión de la flota.

Argumentan que el sector privado suele ser más eficiente en la gestión de activos y operaciones debido a los incentivos competitivos, mientras que el capital público tiene un alto coste de oportunidad, ya que esos recursos podrían destinarse a otras prioridades o a reducir la carga fiscal. Además, insisten en la importancia de trasladar íntegramente los costes del servicio a través de la tasa correspondiente, evitando endeudamientos o subvenciones que oculten el coste real para la ciudadanía.

Al mismo tiempo, reconocen que en contextos donde el mercado es poco competitivo o los municipios son muy pequeños, un modelo mixto o una intervención pública puntual pueden ser la “segunda mejor opción”, siempre que se mantengan altos estándares de eficiencia y responsabilidad fiscal.

En definitiva, esta opinión crítica enfatiza la necesidad de una gestión basada en incentivos claros, control riguroso de costes y transparencia fiscal, cuestionando que la administración asuma funciones empresariales cuando el mercado puede ofrecer mejores resultados.

Conclusión: eficiencia, calidad y responsabilidad fiscal

La experiencia de ciudades como Sevilla, Orihuela, Valladolid o Sant Feliu de Llobregat demuestra que apostar por la calidad del servicio y mantener cierto control municipal sobre las decisiones estratégicas es compatible con una gestión financieramente responsable.

El ciudadano paga año a año su parte proporcional, no solo del servicio prestado, sino también de las inversiones necesarias para mantenerlo moderno, sostenible y eficaz. El debate sobre la mejor forma de gestión sigue abierto, pero la evolución reciente apunta a que los modelos mixtos con control público de las inversiones están ofreciendo una vía realista para asegurar servicios públicos de calidad y sostenibles en el tiempo.

LA HERENCIA DE LA CORRUPCIÓN FRANQUISTA Y LA NECESIDAD DE LIBERALIZAR EL SUELO EN SANT FELIU DE LLOBREGAT

 

Durante las décadas de los años 60 y 70, bajo el régimen franquista, el urbanismo en Sant Feliu de Llobregat estuvo fuertemente condicionado por la estructura política del régimen franquista, bajo la cual los alcaldes eran designados y no elegidos democráticamente. Durante este periodo, dirigentes como Josep Anton Oliveras gobernaron con amplias facultades, aunque bajo un marco de escasa transparencia y control ciudadano.

Es importante precisar que, aunque con frecuencia se ha etiquetado aquella etapa del franquismo como un periodo de “liberalismo urbanístico”, esta caracterización es errónea y reduccionista. En realidad, el urbanismo de esa época estuvo lejos de ser un ejercicio genuino de liberalismo económico o de respeto a la libertad y al mercado. Más bien, fue un escenario dominado por la corrupción estructural, donde las decisiones urbanísticas se tomaban con criterios políticos y económicos opacos, frecuentemente al servicio de intereses particulares y sin un verdadero respeto por el interés general ni por la planificación sostenible. Este modelo distorsionó profundamente la función del urbanismo, generando desigualdades y déficits que hoy aún arrastramos. Por tanto, hablar de liberalismo en ese contexto es, cuando menos, confundir términos y desvirtuar una realidad que fue más bien de clientelismo y falta de transparencia.

Este contexto propició prácticas donde la corrupción local estuvo presente, con acuerdos entre autoridades municipales y promotores privados que buscaban beneficios económicos rápidos a costa de un desarrollo urbano deficiente. La aprobación de urbanizaciones sin los servicios mínimos, sin dotación adecuada de infraestructuras ni planificación social, fue una consecuencia directa. Esta falta de visión y control llevó a la proliferación de barrios como Can Calders y La Salut, con déficits urbanísticos y sociales que perduran hasta hoy.

Aunque con la transición democrática y la llegada de alcaldes como Francesc Baltasar Albesa se iniciaron procesos para corregir estos déficits, la herencia de corrupción y falta de orden quedó marcada en el desarrollo urbano. Incluso en los primeros años democráticos, parte del entramado político local mantuvo prácticas que dificultaron la efectiva reforma del urbanismo.

En cuanto al modelo urbanístico, la experiencia histórica demuestra que una elevada intervención y regulación estatal, especialmente cuando está afectada por clientelismo o corrupción, dificulta el funcionamiento eficiente del mercado del suelo y de la vivienda. A mayor grado de regulaciones y controles arbitrarios, más se ralentiza la oferta de suelo urbanizable, se encarecen los costes y se limita el acceso a la vivienda para la mayoría.

Por ello, la solución reside en avanzar hacia una liberalización del suelo, donde la iniciativa privada pueda desarrollar proyectos con mayor libertad y agilidad, pero siempre bajo una supervisión administrativa clara y limitada a garantizar la protección ambiental, la seguridad jurídica y la provisión de infraestructuras básicas. Este equilibrio permitiría superar las ineficiencias y desigualdades resultantes de un modelo excesivamente regulado y controlado por intereses particulares, favoreciendo un mercado más dinámico y justo.

En conclusión, el urbanismo en Sant Feliu de Llobregat refleja cómo la corrupción franquista y la excesiva regulación han lastrado su desarrollo urbano durante décadas, y cómo la liberalización supervisada del suelo se muestra como la vía más eficaz para corregir esa herencia y promover un modelo de ciudad más equitativo y sostenible.

LIBERTAD ECONÓMICA LOCAL EN ESPAÑA 2025: CLAVES, DESAFIOS Y EL IMPULSO LIBERAL PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

El Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (ILECE) 2025, elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad, constituye una herramienta esencial para entender el estado de la libertad económica a nivel municipal en España. Este índice evalúa a las 50 ciudades más pobladas del país, analizando cuatro dimensiones fundamentales: el desempeño económico municipal, la magnitud de la plantilla municipal, el grado de intervencionismo económico y la presión fiscal ejercida por los ayuntamientos

En su octava edición, el ILECE revela tendencias claras y desafiantes. Badajoz lidera el ranking con una puntuación de 68,95 puntos, destacándose como la ciudad con mayor libertad económica, seguida de cerca por Alicante y Castellón. Estas ciudades comparten características clave que explican su éxito: administraciones locales austeras, bajos niveles de deuda pública, plantillas municipales reducidas y una gestión fiscal que no ahoga la iniciativa privada. Además, han avanzado en la externalización de servicios no esenciales, lo que mejora la eficiencia y dinamiza el entorno empresarial.

Sin embargo, el informe pone de manifiesto una marcada polarización territorial. La brecha récord de más de 34 puntos entre Badajoz y Marbella, que ocupa el último lugar con apenas 34,78 puntos, muestra que existen modelos muy distintos de gestión económica local en España. Las grandes urbes como Madrid, Barcelona y Valencia, con puntuaciones significativamente más bajas, enfrentan problemas estructurales derivados de altos gastos municipales, plantillas sobredimensionadas y una presión fiscal elevada que frena la competitividad y la capacidad de atraer inversiones.

Este desequilibrio entre ciudades pequeñas y grandes subraya desafíos únicos para las políticas públicas a nivel local. La administración municipal debe encontrar un equilibrio entre ofrecer servicios públicos de calidad y mantener un marco económico que favorezca la prosperidad empresarial y la generación de empleo.

El ILECE recomienda medidas concretas para avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente: reducir la deuda y el gasto público, contener el crecimiento de las plantillas municipales para evitar burocracias infladas, impulsar la externalización de servicios para mejorar la gestión y reducir costes, además de disminuir impuestos y sanciones municipales para estimular la iniciativa privada y la competencia fiscal entre municipios.

Desde una perspectiva liberal, estos hallazgos refuerzan la tesis de que la libertad económica en el ámbito local es un motor indispensable para el bienestar social y el desarrollo sostenible. El liberalismo enfatiza que la reducción del intervencionismo y la promoción de un entorno competitivo y fiscalmente responsable permiten a las ciudades maximizar su potencial económico. La competencia entre municipios para atraer inversiones y talentos fomenta la innovación y la eficiencia, beneficiando tanto a ciudadanos como a empresas.

Así, abogar por una gestión pública más austera, menos gravosa y orientada hacia la colaboración con el sector privado es no solo una recomendación técnica sino un imperativo para impulsar la prosperidad en las ciudades españolas. Solo a través de la libertad económica local, basada en la responsabilidad fiscal, la eficiencia y el respeto a la iniciativa privada, España podrá construir ciudades más dinámicas, competitivas y con mejores oportunidades para todos sus habitantes.

EL "PERRO DEL HORTELANO" DEL URBANISMO MUNICIPAL EN SANT FELIU DE LLOBREGAT: ABUNDANCIA DE SUELO Y LOCALES PÚBLICOS

En numerosos municipios españoles, incluido Sant Feliu de Llobregat, existe una situación característica que recuerda al conocido refrán del “perro del hortelano”: ni se usan ni se permiten usar libremente los suelos y locales que posee el ayuntamiento, produciéndose un bloqueo que detiene el desarrollo económico y urbano.

Acaparamiento patrimonial: datos de Sant Feliu de Llobregat

El municipio, con unos 46,000 habitantes, administra un patrimonio inmobiliario y de suelo urbano considerable, con características que confirman la retención importante de activos públicos:

·         Diversidad y volumen de suelo: Sant Feliu posee múltiples parcelas de suelo urbano consolidado, urbanizable, industrial, residencial, terciario y dotacional, que suman un valor neto en decenas de millones de euros.

·         Proyectos en marcha: Hay más de 25,000 m² de suelo ferroviario en gestión para futuros desarrollos urbanos, junto con otros terrenos usados para infraestructuras y dotaciones públicas.

·         Respecto a suelo afectado por grandes proyectos, existe un convenio reciente entre el Ayuntamiento y ADIF para la regulación y cesión de suelos municipales y ferroviarios que liberará y urbanizará aproximadamente 25,985 m² de suelo ferroviario para futuros usos urbanos. A cambio, el Ayuntamiento transmitirá gratuitamente a ADIF unos 10,481 m² de suelo municipal ocupado por infraestructuras ferroviarias permanentes y otros 67,424 m² serán ocupados temporalmente para obras. Esto indica una considerable superficie municipal involucrada en proyectos de infraestructura y transformación urbana.

·         Locales y naves municipales: Se identifican cerca de un centenar de locales y naves en plataformas públicas de alquiler y venta, lo cual refleja un parque considerable de activos, con un porcentaje indeterminado de ellos potencialmente vacíos o infrautilizados.

·         Equipamientos públicos y espacios urbanos: Incluye edificios públicos significativos (escuelas, polideportivos, bibliotecas), plazas de aparcamiento subterráneas y superficie, parques y zonas verdes.

·         Valor patrimonial global: El inventario refleja un patrimonio de suelo y edificaciones cuyo valor neto asciende a decenas de millones de euros, aun sin contabilizar otros activos inmateriales o en transformación.

El bloqueo institucional: ni se usan ni se liberan

Este acaparamiento del patrimonio municipal sin un aprovechamiento pleno ni libre responde a varios factores:

·         Restricciones legales: El Patrimonio Municipal del Suelo está regulado para usos sociales prioritarios (vivienda protegida, dotaciones), con dificultades normativas para la venta libre o rápida al sector privado.

·         Temor a la especulación: Se evita la venta masiva para no promover operaciones especulativas o incrementos de precios que afecten a la población más vulnerable.

·         Inercia política y administrativa: Los activos se retienen por precaución ante posibles usos futuros o expectativas políticas, lo que reduce la rotación y dinamismo.

·         Costes de mantenimiento y oportunidad: Mientras tanto, estos recursos generan gastos para el ayuntamiento sin crear actividad económica ni social efectiva.

Consecuencias y reflexión económica

Este fenómeno representa una clara paradoja: los recursos públicos quedan inmovilizados sin aportar el máximo valor social y económico posibles. Desde la perspectiva económica, es un caso clásico de mala asignación de recursos, un "perro del hortelano" municipal que ni come (no utiliza sus activos plenamente), ni deja comer (no libera el suelo y locales para usos privados que dinamizarían la economía).

 Perspectiva liberal: ¿Qué diría la Escuela Austriaca sobre este fenómeno?

Desde una óptica liberal y tomando como referente la Escuela Austriaca de Economía (Menger, Mises, Hayek), el caso de Sant Feliu de Llobregat muestra un claro ejemplo de las ineficiencias generadas por la acumulación y rigidez en la gestión pública de recursos. Estos serían los puntos clave del análisis:

·         Mala asignación de recursos: Cuando el suelo y los locales públicos quedan congelados fuera del mercado, no pueden ir a quienes los valoren más y podrían dinamizar la economía local. Se pierde riqueza potencial y se frena la innovación y la inversión.

·         Costes y burocracia: El mantenimiento de activos ociosos implica gasto y pérdida de valor, a menudo por inercia administrativa, miedo político a "perder patrimonio" o temor a polémicas sobre especulación.

·         Freno al desarrollo y adaptación: La rigidez normativa dificulta responder a nuevas demandas urbanas o económicas, bloqueando soluciones flexibles para vivienda, actividad económica o aperturas de nuevos negocios.

·         Soluciones desde el liberalismo: Impulsar políticas de mayor flexibilidad, favoreciendo la cesión, venta o concesión ágil de suelo y locales, con controles que eviten abusos pero permitan libre asignación al mejor postor o proyecto, integrando colaboraciones público-privadas modernas.

·         Coste de oportunidad: La "función social" del patrimonio se ve comprometida cuando no produce beneficios efectivos para la ciudadanía y no permite ninguna dinámica de mercado, reflejando el clásico dilema del "perro del hortelano".

En síntesis, la óptica liberal defiende que liberar este patrimonio de tutela rígida permitiría mayor generación de valor económico y social, reduciendo los bloqueos institucionales y mejorando la vida local.

 Conclusión

Sant Feliu de Llobregat ejemplifica el reto general de muchos municipios españoles con suelos y locales públicos acumulados y poco aprovechados. La normativa y la política urbanística, aunque con buena intención social, generan una rigidez que ralentiza la puesta en valor de estos activos. Para avanzar, se necesita una gestión más ágil, transparente y equilibrada, que permita reciclar estos espacios en proyectos productivos o sociales efectivos sin perder la función pública esencial.

 

FUENTES:

El artículo que elaboramos sobre el fenómeno del “perro del hortelano” en el urbanismo municipal y la acumulación de suelo y locales públicos en Sant Feliu de Llobregat se fundamenta en datos oficiales de 2024 procedentes del inventario patrimonial municipal y documentos vinculados a proyectos públicos de infraestructura y urbanización en el municipio.

La fuente principal de esta información la proporciona el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat a través de convenios y proyectos con ADIF para la gestión y cesión de suelos municipales y ferroviarios, regulados según la normativa estatal y autonómica vigente. Los detalles sobre superficies afectadas, cesiones y ocupaciones temporales se encuentran recogidos en documentos oficiales publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE), así como en informes técnicos de planeamiento urbano y gestión patrimonial local.

Entre las referencias concretas se incluye:

·         Resolución del 24 de abril de 2024 publicada en el BOE que detalla el convenio entre Ayuntamiento y ADIF para la regulación y cesión de suelo ferroviario y municipal, con superficies precisas (por ejemplo, 25,985 m² liberados para urbanización y 10,481 m² transmitidos gratuitamente a ADIF).

·         Documentación municipal sobre patrimonio inmobiliario y proyectos urbanísticos aparecida en portales de transparencia municipal y autonómica.

Esta fuente es la base documental que legitima los datos mencionados sobre la magnitud del patrimonio inmobiliario y del suelo público en Sant Feliu de Llobregat, su estructura y los retos ligados a su gestión y liberación para usos productivos o sociales. 

Estos informes y resoluciones oficiales vinculados al Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat y a ADIF, son accesibles públicamente a través del BOE y portales de transparencia administrativa local y estatal.

BOE-A-2024-13816, Resolución sobre convenio de cesión y regulación de suelos municipales y ferroviarios en Sant Feliu de Llobregat.