SERVICIO PÚBLICO, GESTIÓN RESPONSABLE: UNA MIRADA LIBERAL AL SAD

El Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) es, sin discusión, un servicio público esencial. Forma parte del núcleo de los derechos sociales básicos y responde a una realidad incuestionable: una población cada vez más envejecida y con mayores necesidades de cuidado. Precisamente por eso, el debate sobre cómo se gestiona no puede abordarse desde consignas simples ni desde trincheras ideológicas.

En los últimos años se ha instalado la idea de que municipalizar el SAD es, por definición, la mejor solución. Quien discrepa de esta afirmación suele ser acusado de querer “privatizar” los cuidados o de poner el beneficio económico por delante de los derechos. Sin embargo, esta dicotomía es falsa y empobrece el debate público.

Defender que el SAD sea un servicio público no obliga a defender que deba gestionarse siempre de forma directa por el ayuntamiento. Titularidad pública y gestión directa no son sinónimos. Un servicio puede ser plenamente público —financiado con fondos públicos, regulado, supervisado y sometido a control democrático— y, al mismo tiempo, prestarse mediante fórmulas de gestión indirecta.

Desde una perspectiva liberal, el foco debe ponerse en los resultados, no en la forma jurídica. La pregunta relevante no es quién gestiona el servicio, sino qué modelo garantiza mejor la calidad de la atención, la estabilidad de las trabajadoras, la sostenibilidad financiera y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

La experiencia muestra que tanto la gestión directa como la externalizada pueden funcionar bien o mal. Hay municipios donde la municipalización ha permitido ampliar el servicio gracias a un fuerte incremento presupuestario; y otros donde ha generado rigideces organizativas, dificultades para cubrir bajas o un aumento de costes estructurales difícilmente reversible. Del mismo modo, existen experiencias de externalización deficientes, pero también otras donde una gestión indirecta bien diseñada, con contratos exigentes y supervisión efectiva, ha garantizado continuidad, calidad y estabilidad laboral.

Uno de los argumentos más repetidos contra la externalización es que las empresas obtienen un margen económico que “se detrae” del servicio. Este razonamiento ignora dos cuestiones clave. La primera es que el coste total de un servicio público no se reduce a la ausencia de beneficio, sino que incluye organización, flexibilidad operativa, capacidad de adaptación y gestión del personal. La segunda es que, sin mecanismos de evaluación y comparación, la gestión directa tampoco garantiza que cada euro se traduzca en mejor servicio.

La corrupción y los abusos deben combatirse con firmeza, pero atribuirlos automáticamente a la gestión externa es una simplificación peligrosa. La corrupción no es una característica de un modelo de gestión, sino de la falta de controles, transparencia y responsabilidad política. Precisamente por eso, el reto de las administraciones públicas no es “hacerlo todo”, sino saber diseñar, supervisar y exigir resultados.

En servicios complejos como el SAD, intensivos en mano de obra y con demandas variables, la flexibilidad organizativa es clave. Convertir todos los costes en estructurales y permanentes puede limitar la capacidad de adaptación del servicio a medio y largo plazo, especialmente en contextos de restricción presupuestaria. Esto no es una cuestión ideológica, sino de buena administración.

Defender una posición liberal en este ámbito no significa mercantilizar los cuidados ni desentenderse de lo público. Significa asumir que la responsabilidad institucional consiste en garantizar derechos, no en imponer un único modelo de gestión. Significa exigir datos, evaluaciones comparables y rendición de cuentas, y no conformarse con respuestas morales que evitan el análisis.

El SAD merece un debate a la altura de su importancia. Un debate que ponga en el centro a las personas usuarias y a las trabajadoras, pero también el uso responsable de recursos que son de toda la ciudadanía. Y para eso, más que dogmas, necesitamos criterio, evidencia y una gestión pública exigente, sea cual sea la fórmula elegida.