“Hemos conseguido que Europa financie el 70% de la
obra”. “Gracias a la Diputación, esta actuación apenas tendrá coste para el
Ayuntamiento”. “El Área Metropolitana sufragará la reforma”.
Son frases habituales en la comunicación política
municipal. Y no necesariamente son falsas. Una administración puede,
efectivamente, conseguir financiación externa para construir un polideportivo,
renovar una calle, rehabilitar un edificio público o mejorar una red de
transporte. Pero hay una pregunta que rara vez aparece en el titular:
¿Quién paga el dinero que aporta esa administración?
La respuesta es bastante menos espectacular que el
anuncio político: otra administración pública obtiene esos recursos de su
propio sistema de financiación, que se nutre fundamentalmente de impuestos,
tasas, transferencias y, en determinados casos, endeudamiento. Esto no
significa que una subvención sea inútil. Tampoco significa que todas las obras
financiadas por otras administraciones sean malas inversiones. Significa algo
mucho más sencillo: que recibir dinero público de otra administración no
convierte una obra en gratuita.
El dinero público no desaparece
cuando cambia de administración
Imaginemos una obra municipal de 10 millones de euros.
El Ayuntamiento aporta 3 millones y consigue otros 7 millones mediante una
subvención de una administración superior. Para el presupuesto municipal, la
diferencia es enorme: el Ayuntamiento tiene que encontrar 3 millones en lugar
de 10. Pero la obra continúa costando 10 millones. Los otros 7 millones no han
aparecido mágicamente. Han salido del presupuesto de otra administración, que a
su vez tiene que financiar sus gastos mediante sus propios ingresos.
Desde el punto de vista de las cuentas públicas, lo
que se ha producido es una redistribución de la financiación, no la
desaparición del coste económico de la obra. Y esta distinción es importante
porque permite separar dos preguntas que a menudo se confunden. ¿Cuánto le
cuesta la obra al Ayuntamiento? Y ¿Cuánto cuesta la obra a la sociedad
en su conjunto?
No son la misma pregunta.
Europa: no es correcto decir que “Bruselas paga”
El ejemplo europeo permite ver perfectamente el
mecanismo. España tiene asignados 23.397,4 millones de euros del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el periodo 2021-2027 según la
documentación oficial del Ministerio de Hacienda.
(https://fondoseuropeos.gob.es/es-es/fondosprogramas/feder/progfeder/Paginas/programasfeder.aspx)
En el conjunto de la política de cohesión, la cifra de
fondos europeos destinados a España asciende a decenas de miles de millones. Cuando
un municipio obtiene financiación FEDER, por tanto, está recibiendo recursos
europeos que pueden reducir sustancialmente la aportación que debe realizar el
propio Ayuntamiento. Pero llamar a ese dinero «dinero de Bruselas» puede
inducir a error si se interpreta como dinero que Europa genera
independientemente de los Estados miembros.
El presupuesto de la Unión Europea se financia
principalmente mediante recursos propios de la UE. Entre ellos están las
aportaciones de los Estados basadas en su renta nacional bruta (RNB), el
recurso basado en el IVA, los derechos de aduana y la contribución
basada en los residuos de envases de plástico no reciclados. La contribución
basada en la RNB es, además, la principal fuente de ingresos del presupuesto
europeo.
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/budget/how-eu-budget-financed_es
Por tanto, sería incorrecto afirmar que una obra
financiada por FEDER es simplemente «tu IVA que vuelve». El mecanismo es
bastante más complejo. Pero la conclusión fundamental permanece: los fondos
europeos no son dinero gratuito caído del cielo. Son recursos de un
presupuesto supranacional que se financia principalmente mediante las
aportaciones de los Estados miembros y otros recursos establecidos por la Unión
Europea.
Además, los programas de cohesión suelen exigir
también cofinanciación nacional o pública. La propia Comisión Europea calcula
que los 378.000 millones de euros de apoyo europeo de la política de
cohesión 2021-2027 deberían movilizar unos 545.000 millones de euros de
inversión cuando se incorpora la cofinanciación nacional pública y privada.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_2462
Europa, por tanto, puede hacer posible una inversión
que un municipio no podría afrontar por sí solo. Eso es real y puede ser
beneficioso. Pero decir «Europa nos lo paga» es una forma demasiado sencilla de
contar una realidad presupuestaria mucho más compleja.
La Diputación de Barcelona: el
dinero viene mayoritariamente del sistema tributario estatal
El caso de la Diputación de Barcelona resulta todavía
más ilustrativo. El presupuesto de la Diputación para 2026 asciende a 1.410,97
millones de euros. De esa cantidad, 1.070,06 millones, el 75,84% proceden
de la cesión y participación en los tributos del Estado.
La propia Diputación explica que dentro de esa financiación se incluyen porcentajes cedidos de la recaudación estatal correspondiente al IRPF, al IVA y a los impuestos especiales, además del Fondo Complementario de Financiación. Hay aquí una precisión importante. No es correcto decir que «la Diputación te devuelve tu IRPF». No existe una relación individual entre el impuesto que paga un ciudadano concreto y la subvención que recibe posteriormente un Ayuntamiento. El sistema funciona de manera agregada.
El Estado recauda determinados impuestos y, mediante
el sistema de financiación de las entidades locales, transfiere recursos a las
diputaciones. La Diputación utiliza posteriormente esos recursos para ejercer
sus competencias y prestar asistencia a los municipios. Por tanto, cuando la
Diputación financia una obra municipal, sí está utilizando recursos
procedentes en gran medida del sistema tributario público, pero no podemos
afirmar que el dinero concreto de esa obra proceda de la nómina de un vecino
determinado. La diferencia parece pequeña, pero es fundamental si queremos
hablar con rigor.
El Área Metropolitana: aquí sí
encontramos impuestos y tasas directamente vinculados al ciudadano
El caso del Área Metropolitana de Barcelona ofrece
otro ejemplo interesante. El presupuesto general de la AMB para 2026 asciende a
1.427,57 millones de euros. Entre sus ingresos previstos figuran 171,53
millones de euros procedentes de la Tasa Metropolitana de Tratamiento y
Disposición Final de Residuos (TMTR) y 93,78 millones del Tributo
Metropolitano.
También están previstas aportaciones municipales
vinculadas, entre otros conceptos, al IBI y a la participación en los tributos
del Estado. La AMB explica además que las aportaciones municipales previstas
para 2026, sumando distintos conceptos, rondan los 422,6 millones de euros.
Aquí la conexión entre determinadas figuras de financiación y el ciudadano es
mucho más directa. El Tributo Metropolitano está vinculado al sistema
tributario local y la TMTR se integra en la financiación del tratamiento de
residuos y aparece asociada a la factura del agua en los municipios donde se
aplica. De nuevo, no significa que podamos señalar cada euro de una determinada
obra y decir “este euro procede de mi recibo del agua”. Significa algo más
sencillo: los recursos que utiliza la administración metropolitana tienen un
coste para alguien.
Por tanto, el problema no es que exista
financiación externa. El problema aparece cuando políticamente se presenta
esa financiación como si no tuviera coste.
Cambiar de bolsillo no elimina la factura
La cuestión, en definitiva, no es afirmar que “todo lo
paga el vecino” como si cada ciudadano financiara directamente cada obra. Eso sería una simplificación. La cuestión es
mucho más rigurosa: el carácter subvencionado de una obra no elimina su
coste; cambia quién aporta los recursos y cómo se distribuye la carga
financiera. Un Ayuntamiento puede conseguir una subvención y hacer una
excelente gestión. Pero una subvención de la Diputación sigue siendo dinero
público. Una subvención de la AMB sigue siendo dinero público. Una subvención
FEDER sigue siendo dinero público europeo. Y el hecho de que el ciudadano no
vea el impuesto correspondiente en el mismo recibo que anuncia la obra no
significa que el recurso carezca de coste.
Por eso deberíamos desconfiar de una palabra especialmente
peligrosa en el lenguaje político: “gratis”. Una obra pública puede ser
gratuita para el presupuesto de un Ayuntamiento, o puede estar
subvencionada al 70%, al 80% o al 100% por otra administración. Pero eso no
significa que haya desaparecido el coste. Simplemente significa que el coste se financia desde distintos
niveles de la Administración y mediante distintos recursos públicos.
Y esa diferencia importa. Porque cuando un alcalde
anuncia que ha conseguido un millón de euros de la Diputación, de la
Generalitat, del Estado o de la Unión Europea, no ha conseguido un millón de euros gratis.
Ha conseguido que una parte de la factura de su proyecto deje de aparecer en
las cuentas de su Ayuntamiento y pase a aparecer en las cuentas de otra administración.
Pero esa otra administración también necesita dinero para funcionar. Y ese
dinero procede, directa o indirectamente, de impuestos, tasas, transferencias y
demás recursos públicos. Que una subvención sea beneficiosa para las cuentas
municipales no significa que sea gratuita para el conjunto de los
contribuyentes.
Lo que cambia no es el coste de la obra, sino quién pone el dinero y desde qué nivel
de la Administración se paga. Por eso, cuando escuchemos que
una obra «la paga Europa», «la paga la Diputación» o «la paga el Área
Metropolitana», conviene completar mentalmente la frase: ¿Y de dónde obtiene el dinero esa
administración? Porque el dinero público no cambia de
naturaleza cuando cambia de ventanilla.
No
desaparece el coste. Se cambia de bolsillo.
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