Una administración competente tiene razón y cobra. Una administración incompetente tiene razón y no cobra. Sant Feliu de Llobregat parece haberse especializado en la segunda opción.
El Club Natació Sant Feliu (CNSF) debe 1,5 millones de euros al Ayuntamiento en cánones impagados. Este hecho no sería sorprendente en una entidad cualquiera, pero resulta extraordinario por una razón muy específica: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha examinado los documentos y validado que el Ayuntamiento tiene toda la razón legal. No hay ambigüedad interpretativa. No hay gris administrativo que permita al deudor escudarse. Airef ha dicho: el dinero se debe.
Y sin embargo, el Ayuntamiento probablemente seguirá sin cobrar.
Esta paradoja no es un accidente de la gestión. Es el resultado de una estructura de incentivos perversa donde el deudor, formalmente obligado a pagar, posee en realidad todo el poder de negociación. Eso es lo que convierte esta historia en un asunto que merece escrutinio público: gobierne quien gobierne en Sant Feliu, la ciudad sigue atrapada en un mismo círculo vicioso que nadie se atreve a romper.
La deuda que todos conocen y algunos quieren olvidar
Durante años, el CNSF no ha pagado sus cánones de uso de las instalaciones municipales. No estamos hablando de un atraso puntual o de desacuerdos sobre cifras. Los 1,5 millones de euros constituyen una deuda estructural acumulada, certificada administrativamente, validada por Airef.
En el mismo período, el Ayuntamiento ha estado financiando lo que sus propios documentos denominan eufemísticamente el "déficit operacional" del complejo: aproximadamente 960.000 euros anuales en subsidios que permiten al CNSF continuar operando. Dicho de forma más clara: Sant Feliu está pagando para que un operador privado siga prestando servicios en instalaciones públicas sin asumir sus costes reales.
La deuda real del CNSF no es solo los 1,5 millones que debe en cánones. Si sumamos los subsidios implícitos que ha recibido durante años, la cifra se eleva a aproximadamente 4,3 millones de euros. Esa es la realidad financiera que los números confiesan cuando se leen con rigor.
El precedente: la condonación como estrategia
Pero aquí está el elemento que transforma completamente la dinámica de poder: el Ayuntamiento ya ha condonado deudas del CNSF en el pasado. No es la primera vez que esta institución municipal elige no cobrar.
El CNSF lo sabe. Ha visto a Sant Feliu ceder bajo presión política: preocupación por mantener un servicio público, miedo al conflicto laboral, consideraciones electorales, la narrativa de mantener "vivo" un complejo de referencia. Cada vez que la presión se ha intensificado, el Ayuntamiento ha optado por perdonar dinero en lugar de afrontar una rescisión de contrato.
Ese precedente es el arma más poderosa del CNSF. Porque sabe que, en Sant Feliu, el perdón es una opción que siempre está sobre la mesa. Y mientras esté sobre la mesa, el incentivo para pagar simplemente no existe.
La captura del servicio público: lo que los documentos revelan
La deuda es grave, pero no es el asunto más profundo. Los pliegos de la licitación revelan algo aún más fundamental: cómo un operador privado ha capturado progresivamente un servicio público.
El CNSF es un club privado de waterpolo. Sus empleados no son personal municipal. La plantilla del servicio, los 59 trabajadores, pertenecen enteramente al CNSF y se rigen por el convenio del sector de clubs de natación catalanes, no por las normas de servicios públicos. El CNSF dispone de almacenes dedicados, controla directamente la escuela de natación municipal y organiza las competiciones de waterpolo (obviamente, para sí mismo).
Esto no es un detalle administrativo. Es la estructura visible de cómo el servicio ha sido capturado.
El presupuesto operacional oficial cifra el gasto del complejo en 2,41 millones de euros anuales. Pero cuando ese presupuesto se desglosa, revela una distribución que merecería provocar reflexión en cualquier ciudadano de Sant Feliu: aproximadamente 1 millón de euros anuales (el 46% del gasto total) financia directamente actividades de un club privado de waterpolo.
Son nóminas de monitores de waterpolo, nóminas de la escuela de natación del CNSF, técnicos especializados, renting de máquinas acuáticas, servicios profesionales y seguros. Todos son gastos clasificados como "operacionales del complejo" que benefician desproporcionadamente a una organización privada cuya actividad principal es un club de waterpolo en División de Honor.
Sant Feliu está pagando más de 1 millón de euros anuales para que un club privado tenga entrenadores, instalaciones, material y servicios administrativos completamente financiados. Mientras ese mismo club no paga sus cánones. Mientras acumula deuda. Mientras cuenta con el precedente de condonaciones previas.
La contabilidad de la confusión: dónde acaba lo público y comienza lo privado
Los pliegos indican que el complejo genera 840.000 euros anuales en ingresos. Pero estos números ocultan deliberadamente dónde termina la actividad pública y dónde comienza la financiación privada.
De ese medio millón que teóricamente viene de "abonos y cuotas", una parte importante proviene de miembros del CNSF que tienen tarifas especiales. Son ingresos del club contabilizados como "ingresos del complejo público". De las entradas puntuales de 120.000 euros, probablemente una fracción nada despreciable corresponde a padres asistiendo a entrenamientos de waterpolo del CNSF o a personas entrando en competiciones que el CNSF organiza para sí mismo. Técnicamente es "actividad del complejo". Esencialmente es operacional del club.
Los cursos de natación generan 180.000 euros, pero los pliegos especifican explícitamente que el CNSF gestiona la escuela de natación municipal y cobra directamente a las familias. Una parte importante de esos 180.000 euros son pagos de usuarios del CNSF que aparecen contabilizados como "ingresos públicos" cuando en realidad es dinero que el club está cobrando de sus propios miembros.
Luego están los programas bonificados (escolar, para parados, para personas con discapacidad) por un monto de 222.000 euros anuales. Los pliegos nunca especifican claramente si el Ayuntamiento repone al operador estas bonificaciones o si las asume directamente. Es una ambigüedad deliberada que permite que ambas partes interpreten los números según le convenga.
Esta contabilidad confusa no es casual. Permite que el CNSF se presente como un operador que genera ingresos significativos del complejo, cuando en realidad una porción importante de esos "ingresos" es flujo de dinero del club clasificado como actividad pública. Permite que el Ayuntamiento presente cifras que sugieren un servicio más autosuficiente de lo que es en realidad.
El miedo que gobierne quien gobierne
Lo que hace este asunto verdaderamente significativo para la ciudad no es solo la deuda o la captura del servicio. Es que, independientemente de quién gobierne Sant Feliu, la administración municipal parece atrapada en la misma lógica.
El nuevo Ayuntamiento hereda exactamente el mismo dilema que el anterior: un CNSF que debe dinero validado por Airef, un precedente de condonaciones previas, un complejo que no es rentable sin subsidios, un club que sabe que tiene la sartén por el mango.
¿El nuevo gobierno ha intentado cobrar? ¿Ha intentado modificar los términos? ¿Ha intentado enderezar la estructura de los pliegos? Los ciudadanos de Sant Feliu deberían saberlo. Porque es el indicador de si esta administración es diferente o simplemente continúa con la misma lógica de incompetencia sistemática.
El verdadero escándalo no es que exista una deuda impagable. El verdadero escándalo es que es impagable porque está estructurada así. Es que un servicio público ha sido capturado de tal forma que cobrar es políticamente insostenible. Es que ni los gobiernos anteriores ni el actual parecen dispuestos a afrontar la decisión difícil que la situación requiere.
Por eso cuando se resuelva (o cuando explote), será porque la sociedad civil finalmente exigió claridad. No porque la administración, de forma espontánea, eligiera competencia sobre conveniencia política.
Mientras tanto, la ciudad sigue financiando un club privado que no paga, con precedentes de condonación que garantizan que seguirá sin pagar, mientras se contabiliza el gasto de forma que hace imposible ver exactamente cuánto cuesta realmente mantener este arreglo.
Eso es lo que ocurre con las instalaciones del Complex. Y esos son los miedos del Ayuntamiento: no el dinero, que es importante; el verdadero miedo es tener que elegir entre colisionar con un servicio que la ciudad ha llegado a depender, y colisionar con el colapso administrativo de admitir que la estructura nunca fue viable.
Gobierne quien gobierne en Sant Feliu, ese es el problema que enfrenta. Y el ciudadano merece saberlo con claridad.
