El COMPLEX DE SANT FELIU Y EL PRECIO DE NO ASUMIR EL RIESGO

 

Si una concesión es económicamente inviable, acumula deuda y necesita el apoyo del Ayuntamiento, la pregunta no es cómo volver a salvarla. La pregunta es por qué volvemos a confiarle el mismo riesgo.

Hay veces que los números son mucho más incómodos que cualquier opinión. Y, en el caso del Complex Municipal de Piscines de Sant Feliu de Llobregat, los números llevan años intentando decirnos algo. La cuestión es si queremos escucharlos.

El Club Natació Sant Feliu comenzó a gestionar el Complex en 2007, mediante una concesión administrativa de 25 años. No estamos, por tanto, ante una experiencia reciente ni ante un gestor al que no se le haya dado tiempo para demostrar su capacidad. Han pasado casi veinte años. Y durante ese tiempo hemos tenido resultados negativos, aportaciones municipales, deuda, planes de viabilidad, auditorías y, finalmente, un estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) solicitado por el propio Ayuntamiento.

La conclusión de aquel proceso debería hacernos reflexionar mucho más de lo que lo estamos haciendo.

La AIReF puso los números encima de la mesa

La AIReF constató que, durante los años de vigencia de la concesión, diferentes circunstancias económicas habían provocado resultados negativos y que las auditorías realizadas mostraban fondos propios, patrimonio neto y fondo de maniobra negativos, pese a las contribuciones realizadas por el Ayuntamiento. Dicho de una manera más sencilla, el modelo no estaba funcionando económicamente.

Lo dice el historial económico que analiza la AIReF. Pero todavía hay más. En 2020, el Ayuntamiento encargó un dictamen jurídico, económico-financiero y técnico sobre la viabilidad de la concesión. La conclusión fue que, atendiendo a las condiciones existentes, el Complex Municipal de Piscines era económicamente inviable.

Ante esta situación, el Ayuntamiento inició en 2021 el procedimiento para resolver de mutuo acuerdo la concesión y encargó a la AIReF que analizara sus consecuencias económicas. Por tanto, no estamos hablando de una administración que descubriera ayer que había un problema. El problema llevaba años encima de la mesa.

Casi dos millones de deuda

El informe de la AIReF cuantificó la deuda total de la concesión a 31 de marzo de 2021 en 1.949.944 euros.

De esa cantidad:

1.547.802 euros correspondían al Ayuntamiento.

152.398 euros a la Seguridad Social.

249.744 euros a entidades de crédito.

Conviene ser rigurosos con las cifras. Los 1,95 millones son la deuda total de la concesión, no la deuda exclusivamente con el Ayuntamiento. Pero la cifra que corresponde al Ayuntamiento sigue siendo extraordinariamente significativa: más de 1,5 millones de euros. Y la propia AIReF realiza posteriormente una propuesta de liquidación en la que parte de esos 1.547.802 euros y descuenta 88.617,54 euros correspondientes a inversiones pendientes de amortizar.

Resultado: 1.459.184 euros. Esa es la cantidad que la AIReF plantea como deuda pendiente con el Ayuntamiento después de esa compensación. Creo que deberíamos recordar estas cifras cada vez que volvamos a hablar de la gestión de la piscina. Porque la memoria institucional también forma parte de la buena gestión.

¿Qué ocurre cuando las pérdidas no las asume quien decide?

Aquí está el verdadero debate. En cualquier actividad económica existe una regla bastante sencilla, quien obtiene el beneficio cuando las cosas van bien debería asumir también las pérdidas cuando van mal.

No siempre funciona exactamente así, por supuesto. Hay contratos públicos, servicios esenciales y riesgos que pueden repartirse legítimamente entre las partes. Pero hay algo que no deberíamos aceptar como normal y es que las pérdidas se conviertan sistemáticamente en un problema de todos. Porque entonces aparece un incentivo perverso. Si quien gestiona sabe que, cuando las cosas se tuercen, el Ayuntamiento puede aportar recursos, condonar cantidades, renegociar condiciones o asumir determinadas consecuencias, el riesgo económico deja de recaer íntegramente sobre quien toma las decisiones.

Y cuando el riesgo desaparece, también desaparece parte del incentivo para gestionarlo correctamente. Eso tiene un nombre en economía: riesgo moral (Moral Hazard).

El Ayuntamiento también tiene responsabilidad

Pero sería demasiado cómodo detenernos aquí y señalar únicamente al club. Porque si existe riesgo moral, alguien ha construido las reglas que lo permiten. Y ese alguien es la Administración. El Ayuntamiento no es un espectador de esta historia. Es el propietario de la instalación. Es quien adjudicó la concesión. Es quien fijó sus condiciones. Es quien tuvo que controlar su cumplimiento. Es quien realizó aportaciones. Y es quien finalmente decidió resolver la concesión.

Por tanto, si durante años se acumularon pérdidas y deuda, también tenemos que preguntarnos qué mecanismos de control funcionaron y cuáles no. Porque una Administración puede equivocarse una vez. Puede incluso equivocarse dos. Pero cuando un problema se prolonga durante años, deja de ser solamente un problema del gestor. Se convierte también en un problema de gobernanza.

El coste de rescatar un modelo

Hay una tentación muy comprensible cuando hablamos de instalaciones deportivas municipales. Pensar que el objetivo prioritario es que el club sobreviva. Se entiende. Los clubes tienen deportistas, familias, trabajadores, historia y una función social. Pero precisamente por eso creo que debemos separar dos conceptos, salvar la actividad deportiva no significa necesariamente salvar el modelo de gestión.

Son cosas diferentes. Si el Club Natació Sant Feliu desarrolla una magnífica labor deportiva, eso no demuestra automáticamente que sea el gestor más eficiente para explotar una instalación compleja. Del mismo modo, que una empresa pueda gestionar mejor una piscina no significa que deba decidir qué deporte se practica en ella. Podemos separar ambas funciones. Y probablemente deberíamos hacerlo.

Entonces llega 2026

Y aquí aparece la parte que más me llama la atención. Después de todo lo anterior, el Ayuntamiento vuelve a confiar la gestión al mismo club después de haber declarado inviable económicamente la anterior concesión. Y aparece una garantía definitiva de 333.987,16 euros. El club plantea que no puede asumir la retención íntegra de esa cantidad en la primera factura y solicita que se fraccione en siete mensualidades. No me sorprende que un club pueda tener dificultades para disponer de 334.000 euros de liquidez inmediata. Lo que me sorprende es que esta cuestión vuelva a aparecer después de todo lo que ya sabíamos. Porque la solvencia del gestor no debería ser una sorpresa al día siguiente de la adjudicación. Debería ser una de las primeras preguntas.

Si un operador no puede asumir el riesgo económico que razonablemente corresponde a la concesión, quizá debamos preguntarnos si ese operador es el adecuado para asumirla.

Esta afirmación puede resultar incómoda, pero creo que es necesaria. Una concesión no es un derecho adquirido. Es una actividad económica en la que alguien asume unos riesgos a cambio de obtener unos derechos de explotación. Si el riesgo es demasiado grande para un determinado operador, quizá ese operador no sea el adecuado. Y eso no es una crítica personal. Es economía básica.

Si yo no puedo asumir las pérdidas potenciales de una inversión, no debería hacer esa inversión esperando que alguien venga después a cubrirlas. ¿Por qué tendría que funcionar de otra manera cuando hablamos de dinero público?

 

Competir significa también poder perder

Hay otra palabra que hemos utilizado mucho en los últimos años: competencia.

Pero la competencia tiene sentido solamente si existe la posibilidad real de ganar y de perder. Si un operador privado sabe que puede perder dinero, pero un operador vinculado a una institución local tiene una expectativa razonable de recibir apoyo público cuando las cosas van mal, ya no estamos hablando exactamente de las mismas condiciones competitivas. Por eso tampoco creo que la solución sea diseñar concursos pensando en quién queremos que gane. Ni para que gane el club. Ni para que gane una empresa privada.

El pliego debería estar diseñado para que gane quien sea capaz de prestar el servicio en las mejores condiciones para el municipio.

Y, después, quien gane debe asumir las consecuencias de haber ofertado. Eso incluye las malas. ¿Y qué pasa con el deporte base? Aquí es donde algunos pueden decir: “Pero es que estamos hablando de un club deportivo.” Sí. Y precisamente por eso la propuesta sería separar las cosas:

Quiero proteger el deporte base. Quiero que los niños tengan piscina. Quiero que el club tenga calles para entrenar. Quiero que sus equipos puedan competir. Quiero que pueda crecer.

Pero no veo por qué para conseguir todo eso necesitamos necesariamente que el club cargue también con el riesgo empresarial de toda la instalación.

El Ayuntamiento puede garantizar el acceso deportivo mediante el contrato. Puede reservar espacios. Puede establecer condiciones para el deporte base. Puede fijar tarifas sociales. Puede controlar el servicio. Lo que no debería hacer es utilizar el interés deportivo como argumento para justificar indefinidamente un modelo económicamente deficitario. Porque entonces terminamos pagando dos veces, primero por la instalación y después por mantener artificialmente su modelo de gestión.

El Ayuntamiento no puede ser un seguro contra las pérdidas

Esta es probablemente la frase más incómoda de todo este artículo.

Pero también la que considero más importante. Un Ayuntamiento no debería convertirse en el seguro de último recurso de un concesionario. Si un operador gana una concesión, debe hacerlo porque puede asumir sus condiciones. Si después resulta que el negocio no es viable, habrá que analizar las causas y aplicar lo que corresponda contractualmente. Pero convertir cada pérdida en una nueva negociación con dinero público destruye los incentivos del sistema. Y, sobre todo, acaba trasladando el coste a ciudadanos que ni participan en la decisión empresarial ni reciben necesariamente el beneficio correspondiente.

 

La AIReF ya nos dio una salida

Hay un detalle del informe que considero especialmente revelador. La AIReF concluyó que la resolución de la concesión no ponía en peligro la estabilidad financiera del Ayuntamiento, que mantenía una posición fiscal saneada.

Es decir, el Ayuntamiento tenía margen para cambiar de modelo. No era necesario mantener una concesión inviable porque la alternativa fuera el colapso de las cuentas municipales. La oportunidad existía. La cuestión es qué hicimos con ella.

Conclusión

Después de leer la documentación, yo no creo que la pregunta sea si el Club Natació Sant Feliu merece una oportunidad. Creo que esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es:

¿Qué modelo de gestión minimiza el coste para el ciudadano y maximiza la calidad del servicio?

Si la respuesta es el club, adelante. Pero con una condición, que pueda asumir el riesgo con sus propios recursos y cumplir las condiciones del contrato. Si la respuesta es un operador privado, adelante. Pero con competencia real, transparencia y control público. Si la respuesta es una fórmula mixta, también.

Lo que no creo que podamos seguir haciendo es mantener un modelo por inercia simplemente porque lleva funcionando (o sobreviviendo) desde 2007. Porque veinte años son tiempo suficiente para distinguir entre un problema coyuntural y un problema estructural. Y aquí tenemos demasiadas señales para seguir hablando de coyuntura. Una concesión que acumuló resultados negativos. Un patrimonio neto negativo. Un fondo de maniobra negativo. Aportaciones municipales. Una deuda total de casi dos millones de euros en 2021. Más de 1,5 millones con el propio Ayuntamiento. Una propuesta de liquidación de 1,459 millones. Un dictamen que calificó la concesión de económicamente inviable.

Y ahora, en 2026, una nueva adjudicación y una nueva dificultad para afrontar una garantía de 333.987 euros. Ante todo esto, mi pregunta no es si debemos ayudar al club.

Mi pregunta es:

¿Cuánto tiempo más estamos dispuestos a pagar por no haber decidido quién debe asumir realmente el riesgo?

Una piscina pública no puede funcionar sobre la expectativa de que alguien cubrirá las pérdidas.

Un club deportivo no debería necesitar convertirse en empresario de una instalación municipal para garantizar su futuro.

Y un Ayuntamiento no puede descubrir cada cuatro años que el problema que lleva veinte años encima de la mesa sigue ahí.

La pregunta ya no es quién debe salvar la piscina.

La pregunta es quién debe asumir el riesgo de gestionarla.